El Ministerio para la Educación Universitaria informó este jueves que diversas instituciones del sector han iniciado la recepción afirmativa a la convocatoria para incorporar a 1.297 bachilleres con promedios de notas entre 19 y 19,9 puntos que no asignó el Sistema Nacional de Ingreso.
La cartera gubernamental reconoció la disposición manifestada por los planteles de educación superior e indicó que el proceso de recepción de recaudos y registro se encuentra actualmente en desarrollo para formalizar los ingresos a la brevedad posible, dado que el calendario académico ya comenzó.
A través de un comunicado oficial suscrito por la ministra Ana María Sanjuán con fecha 24 de septiembre de 2026, el despacho ministerial exhortó a la totalidad de los centros de educación superior del país a sumarse a la iniciativa para no retrasar la formación académica de los jóvenes. Según precisa el texto, el organismo busca reconocer el mérito de los estudiantes y el esfuerzo de sus familias mediante este mecanismo de absorción directa.
Propuesta de una nueva Ley de Universidades
En el pronunciamiento se señala además que la respuesta de las casas de estudio confirma la disposición del sector para avanzar hacia una transformación estructural del sistema universitario. «Una nueva Ley de Universidades debe atender lo que la ley vigente, de 1970, no resuelve», sostuvo la ministra Sanjuán en el documento oficial difundido.
Entre las prioridades normativas expuestas por el despacho destacan el establecimiento de reglas únicas de ingreso basadas en el mérito, el aprovechamiento pleno de la capacidad instalada en los recintos académicos y la articulación de mecanismos para promover la culminación efectiva de los programas de estudio.
El planteamiento ministerial contempla igualmente definir una vía clara para la inserción de profesores contratados en el escalafón docente, el reconocimiento integral a los trabajadores universitarios y la estructuración de mecanismos para garantizar la validez verificable de los títulos nacionales tanto dentro como fuera del territorio venezolano.
Sanjuán enfatizó que el texto legal deberá impulsarse como «producto del consenso en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y en general con la comunidad universitaria», abarcando a autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo.
