Aun después de los 110 “indultos” que el gobierno de Nicolás Maduro concedió el 30 de agosto 2020, son 227 civiles y 127 militares detenidos informó la periodista
Ni siquiera los 110 “indultos” que el gobierno de Nicolás Maduro concedió el 30 de agosto 2020, hicieron que el nuevo año que se inicia hoy tenga cifras más alentadoras.
Actualmente hay no menos de 354 presos políticos en las cárceles de Venezuela: 227 son civiles y 127 son militares. Desde hace un año se contabilizan por primera vez 13 indígenas imputados por razones de este tipo, uno de ellos, el pemón Salvador Franco, con un peligroso cuadro de desnutrición y deterioro de la salud, aun así la ministra de Asuntos Penitenciarios Mirelys Zulay Contreras no ordena su traslado a un centro de salud.
El 2020 representó el año de mayor persecución contra la generalidad de los presos políticos en Venezuela. Si bien es cierto que el 2019 tuvo como característica especial que los defensores de derechos humanos, los presos políticos y sus familiares centraron sus esperanzas en la actuación de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Verónica Michelle Bachelet Jeria, la realidad es que los métodos de tortura se intensificaron y el Covid-19 trajo consigo la etapa de mayor angustia, silencio, desesperación y tristeza en las familias de los presos por cuestiones políticas.
Aunque el gobierno de Nicolás Maduro libera a algunos presos, pocos salen totalmente libres, pues la gran mayoría son enviados a casa por cárcel o con régimen de presentación. Y por otra parte detiene a nuevos dirigentes políticos, civiles que son apresados por manifestar su opinión, por reclamar ante el gobierno nacional o incluso local, por manifestar ante la falta de agua, gas, combustible, fallas eléctricas, escasez de alimentos o papel moneda.
En el caso de los militares la situación es aterradora. La alta jerarquía política y militar habla de las bondades del Gobierno, de la unidad cívico-militar, de la fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o del magnífico apresto operacional. Pero la realidad es demasiado obstinada, los números de deserciones y de conspiraciones, así como de eventos negativos en la institución castrense, reflejan lo contrario de lo que dice el Alto Mando Militar.
A eso se le agrega la incapacidad que ha demostrado la institución castrense para responder ante el avance de los grupos irregulares armados, especialmente de paramilitares y guerrilla, ante quienes se presentan desdibujados, sin la fuerza para impedir la invasión de territorio, el uso de armas de guerra, el sometimiento de la población a fuerzas extranjeras, la imposición de medidas impuestas por grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera que se ha fortalecido en territorio venezolano.
La guerrilla se ha enseñoreado en cientos de trochas existentes entre Colombia y Venezuela; se instalan con computadoras portátiles para chequear las identificaciones de quienes pretenden atravesar de un lado a otro de la frontera, lo que indica que los elenos tienen la base de datos que debería ser exclusivo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), porque pueden chequear a quienes estén o no inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los pasaportes.
A veces la guerrilla no permite pasar por los puentes artesanales y obliga a atravesar el río. Usan la computadora como si fueran funcionarios de migración, incluso determinando si alguien tiene problemas con el gobierno o legal.
