“Esto es una amenaza flagrante contra los comerciantes y la población del municipio Peña de Yaritagua, que no tienen derecho a protestar porque corren el riesgo de que sean saqueados, robados y amenazados, esto es un atropello y un delito de lesa humanidad”, sentenció el diputado Guillermo Palacios

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Guillermo Palacios, acudirá ante la Comisión de Política Interior y Justicia para solicitar una investigación en contra del Alcalde de Yaritagua, en el estado Yaracuy, Juan Parada, por incitar al odio e instigar a delinquir, al ordenar a los adeptos del chavismo en la región amedrentar y amenazar a comerciantes y todo aquel que participe en manifestaciones pacíficas por la falta de servicios públicos.

El diputado larense se refirió al supuesto audio del alcalde del municipio Peña, en Yaritagua, donde le ordena a un grupo de chavistas que agredan a los comerciantes y todo aquel que quiera ejercer su derecho a protestar y participe en una protesta.

“Compatriotas aquí hay que marcar la gente cuerpo a cuerpo. A fin de cuenta, ustedes tienen a alguien en sus teléfonos, es porque lo conocen. Por ejemplo, yo les escribí a uno de los comerciantes y les dije si llamas a protestar, no te quejes si llaman a saqueo. No te voy a defender tu negocio si te lo van a saquear y se echó para atrás de una vez. Eso lo tenemos que hacer así…”, expresa en el audio el alcalde Parada.

El parlamentario Palacios destacó que a pesar de las amenazas y amedrentamiento de los colectivos, el cerco militar y policial, así como el uso excesivo de la fuerza pública no impidieron a la población yaracuyana salir en masa a seguir protestando.

Ante esta situación tan delicada el diputado va a llevar esta denuncia ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ante la Comisión de Política Interior de la AN para abrir una investigación al respeto.

“Esto es una amenaza flagrante contra los comerciantes y la población del municipio Peña de Yaritagua, que no tienen derecho a protestar porque corren el riesgo de que sean saqueados, robados y amenazados, esto es un atropello y un delito de lesa humanidad”, sentenció Palacios.

Finalmente, indicó que la protesta pacífica es un derecho constitucional, que está plasmado en la Carta Magna. Los venezolanos protestas porque los servicios públicos en el país no funcionan por las políticas erradas y la corrupción que es lo prevalece del gobierno de Nicolás Maduro.