El sector minero en el estado Bolívar atraviesa un escenario crítico marcado por denuncias de desatención gubernamental, cobros irregulares y operativos armados contra pequeños y medianos productores. Yunice Barreto, presidenta de la Alianza Agrominera Mama Pancha, radicada en la localidad de Nacupay del municipio El Callao, denunció públicamente que las organizaciones del área enfrentan un patrón de represalias y trabas burocráticas impuestas por el Ministerio de Desarrollo Ecológico Minero y la Corporación Venezolana de Minería.
Las irregularidades señaladas abarca desde la paralización en la entrega de documentos básicos hasta supuestos esquemas de extorsión para otorgar la permisología legal. De acuerdo con el testimonio de Barreto, la Alianza Mama Pancha tramita desde el año 2023 el Registro Único Minero (RUM), la carta de inicio de operaciones, el acta de arrime al Estado venezolano y un adendo para adecuar las áreas de campamento laboral, sin recibir respuesta formal alguna por parte de los organismos competentes.
La vocera explicó que las autoridades aplican una política de desatención sistemática, afirmando que «el modus operandi de esta Corporación Venezolana de Minería es que hace un silencio administrativo en contra de los mineros del estado Bolívar».
El cobro de altas sumas en divisas para la emisión de permisos figura entre las acusaciones más graves formuladas contra la administración ministerial. Según las informaciones recabadas por el gremio en la zona, el acceso a la documentación oficial se condiciona al pago de miles de dólares, situación que margina a las pequeñas brigadas mineras que carecen de grandes capitales.
Barreto aseveró que «el Registro Único Minero se convirtió en una mercancía dentro del ministerio» y reveló que mineros de El Callao han reportado exigencias de entre «diez mil dólares» a «veinticinco mil dólares» para obtener el documento. La dirigente y activista de los derechos de los trabajadores de este sector precisó que las transacciones habrían sido canalizadas a través de funcionarios de la institución, mencionando directamente a «la asistente del ministro, Desirée Hidalgo».
