Desde que se decretó la cuarentena por el nuevo coronavirus en marzo, aún vigente con flexibilizaciones, la crisis social se incrementó, pero las manifestaciones políticas perdieron fuerza
Múltiples, pero pequeñas protestas encienden chispas en Venezuela por la falta de gasolina y la precariedad de servicios básicos. Sin embargo, subrayan analistas, esa creciente conflictividad no ha representado un «riesgo» para el presidente Nicolás Maduro, a dos meses de cuestionadas elecciones legislativas.
Unas 5.800 protestas han sido contabilizadas este año por el independiente Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, 55% por fallas de servicios públicos como electricidad, agua o gas para cocinar y 18% por la falta de combustible, lo que el director de esa organización, Marco Ponce, considera «una gran respuesta nacional» frente a la demoledora crisis que sufre el país caribeño.
No obstante, pese a llamados a «retomar las calles» en plena pandemia de covid-19, la oposición no ha sido capaz de darle dirección política a las manifestaciones y masificarlas como en 2014, 2017 o 2019, cuando multitudinarias movilizaciones pusieron en jaque a Maduro.
«Al no estar articuladas, (las protestas) no son lo suficientemente fuertes para provocar un riesgo relevante para el gobierno», comenta a la AFP el director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.
Maduro, mientras, avanza hacia las elecciones del 6 de diciembre para renovar el Parlamento, único poder en manos de sus adversarios.
Respaldado por los principales partidos políticos opositores, Juan Guaidó, líder parlamentario reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, anunció un boicot contra las votaciones, que denuncia como una «farsa», cuya legitimidad cuestionan Estados Unidos y la Unión Europea.
Ponce avizora el «inicio de una ola de protestas» que permea en poblados y caseríos de una Venezuela ahogada por la hiperinflación, la depreciación de su moneda -el bolívar- y casi siete años de recesión.
Cierres de calles, concentraciones y cacerolazos son habituales en amplias regiones, aunque sin tener mayor eco en Caracas.
Desde que se decretó la cuarentena por el nuevo coronavirus en marzo, aún vigente con flexibilizaciones, la crisis social se incrementó, pero las manifestaciones políticas perdieron fuerza.
Quedaron en el pasado las multitudes que acompañaron a Guaidó, cuando se proclamó Presidente Interino en 2019, después de que la mayoría opositora legislativa declarara «usurpador» a Maduro, acusándolo de haber sido reelecto fraudulentamente.
Votar o abstenerse ha sido un dilema en camino a las elecciones de la unicameral Asamblea Nacional, que parecen ineludibles luego de que la Unión Europea anunciara el fracaso de sus esfuerzos por aplazarlas.
Esos comicios pondrán fecha de caducidad al período de los parlamentarios encabezados por Guaidó: 5 de enero de 2021.
Esta semana, Guaidó llamó a respaldar una protesta nacional de maestros en reclamo de mejores sueldos, pero la respuesta fue tímida. Se repitió la imagen de las últimos tiempos: múltiples manifestaciones en todo el país, pero modestas asistencias.
«La capacidad de movilización de la oposición en este momento es prácticamente nula», advierte León.
Según Datanálisis, solo 17% de los venezolanos piensa que Guaidó y el bloque que le respalda pueda generar un cambio de gobierno, lo que refleja la erosión de la inmensa popularidad que llegó a tener el joven dirigente.
Félix Seijas, director de otra de las principales encuestadoras de Venezuela, Delphos, cree que las «estructuras debilitadas» de las organizaciones opositoras en las provincias dejan los reclamos populares «en un limbo».
Con «persecución» (partidos políticos inhabilitados y líderes detenidos o exiliados), es «difícil» dar «algún tipo de direccionalidad» a la protesta, dice Seijas a la AFP.
Apoyado por la Fuerza Armada, Maduro apuesta a «militarizar» poblaciones que han salido a protestar, sostiene a su vez Ponce. «Represión continúa siendo la respuesta», afirma.
Militares y policías son usualmente desplegados con equipos antimotines para dispersar manifestaciones con gases lacrimógenos y perdigones de goma.
En protestas ocurridas este año, se han registrado un centenar de detenidos, decenas de heridos y cuatro muertos, denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos y dirigentes de la oposición.
