El dirigente político Williams Dávila se sumó este martes a las voces que denuncian obstáculos administrativos en la aplicación de la amnistía, exigiendo que los tribunales procedan con el sobreseimiento de las causas de oficio. Según Dávila, el sistema judicial está imponiendo trabas que contradicen la naturaleza de la ley y la propia Constitución Nacional.
«Quienes deben cumplir lo que dice la ley no están respetando el proceso, porque la ley dice que es de orden público y de interés general. Es decir, no puede haber ningún tipo de formalismo inútil, como dice la Constitución, para impedir la ejecución de la ley», aseveró el dirigente, quien cuestionó que se obligue a los ciudadanos a realizar «colas inmensas» para tramitar un derecho que debería ser expedito.
Dávila denunció que en diversas sedes judiciales, tanto en la capital como en el interior del país, se ha intentado imponer la tesis de que solo el fiscal puede solicitar el sobreseimiento. Al respecto, aclaró que la normativa vigente faculta a la parte interesada para realizar la solicitud directamente.
El dirigente, quien pasó casi un año detenido y actualmente mantiene medidas cautelares que restringen su movilidad y capacidad de declarar, calificó la amnistía no como una concesión, sino como un acto de justicia necesario. «Nosotros no necesitamos hacer una cola inmensa para que se nos reconozca nuestra libertad; no es ningún regalo que nos está dando el régimen, es un derecho nuestro porque es un derecho humano», enfatizó.
Vacíos legales: Reparación y «puerta giratoria»
Uno de los puntos más críticos expuestos por Dávila fue la ausencia de garantías para las víctimas colaterales de la persecución política. A su juicio, la actual Ley de Amnistía adolece de dos fallas estructurales que la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional debe corregir:
- Derecho de Reparación: El dirigente señaló que no se ha consagrado la indemnización ni el reconocimiento para los familiares, cónyuges e hijos que han sufrido durante el cautiverio de sus allegados.
- Leyes Represoras: Denunció que la permanencia de instrumentos como la «Ley contra el Odio» o la «Ley Simón Bolívar» mantienen vigente una «puerta giratoria». Según explicó, el artículo 16 de la Ley de Amnistía establece que cualquier falta posterior anula el beneficio, lo que a su juicio es un mecanismo de control.
«Se tienen que eliminar todos esos obstáculos que impiden la realización de la paz y la reconciliación nacional (…) tienen que eliminar todas esas leyes represoras que todavía existen», sentenció Dávila.
Finalmente, el vocero hizo hincapié en el drama humano de quienes viven en el interior del país y deben viajar a Caracas para cumplir con regímenes de presentación o trámites judiciales. Calificó como inaceptable el gasto económico y el desgaste físico que se impone a los perseguidos políticos para solicitar un sobreseimiento que los tribunales tienen la potestad de decidir por cuenta propia.
Dávila cerró su intervención reafirmando que su presencia ante el Palacio de Justicia busca forzar la solidaridad y exigir que las autoridades respeten el procedimiento legal sin más dilaciones.
