La organización política considera que «sería un triste comienzo y marcaría un precedente regresivo lamentable para el nuevo CNE» exigir a los partidos «requisitos inalcanzables» para legalizarse
El partido Redes pide levantar las inhabilitaciones a los ciudadanos y la negación a la participación de las organizaciones con fines políticos con el fin de «garantizar un juego limpio» de cara a las próximas elecciones parlamentarias, tras su respaldo a la designación de un nuevo CNE por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La organización señaló que «desde 2015 la Asamblea Nacional discute la sustitución de rectores del CNE con el período vencido y nada ha logrado, fue nombrada una comisión presidida precisamente por el diputado Juan Guaidó, y no avanzó a ese asunto, luego, se han creado distintas comisiones parlamentarias hasta el día de hoy y ninguna ha avanzado nada».
«Desde el momento en que es creada la comisión en la AN, los nuevos rectores del CNE deben ser electos en un lapso no mayor a 30 días por 2/3 partes de la Asamblea Nacional, de lo contrario, la misma AN habrá incurrido en Omisión Legislativa. El TSJ está obligado y facultado legalmente para cubrir la Omisión y nombrar a los Rectores, como ya ha ocurrido varías veces en el pasado reciente, situación que no ha impedido a la oposición participar y ganar espacios legislativos y regionales», continúa el partido en una nota de prensa.
En ese sentido, indicó que cualquier ciudadano puede pedir al TSJ que declare la omisión legislativa para que se cumpla lo establecido en la Constitución Nacional, pero consideran urgente la implementación de un nuevo CNE pues «los tiempos se agotan» y los partidos aglutinados en la Mesa de Diálogo Nacional llegaron a un acuerdo con el gobierno para su elección que se debatirá sobre la propuesta que de La Mesa.
«No es el escenario ideal, pero es la única ruta legal posible dadas las dificultades actuales del parlamento y las divisiones que existen en su seno, lo que hace imposible un acuerdo para un nuevo CNE», indican.
Sin embargo, consideran que el nuevo órgano electoral, debe gozar de independencia, autonomía y amplitud democrática y debe dictar una resolución que permita la participación de todas aquellas agrupaciones que postularon candidatos durante la contienda electoral de 2015.
«De no hacerlo y obligar a decenas de organizaciones políticas a correr contra el tiempo en medio de una pandemia y crisis de combustible, a cumplir con requisitos imposibles de alcanzar incluso en condiciones normales y ordinarias, sería un triste comienzo y marcaría un precedente regresivo lamentable para el nuevo CNE. Toda organización que quiera participar debe hacerlo, quedando legalizadas aquellas que logren obtener el 1% o más de los votos emitidos», indica el texto.