«Lo que estamos pidiendo es que, al igual que se hizo en 2013, se cotejen los boletines electorales nacionales con los resultados mesa por mesa», detalló el intelectual Javier Biardeau. Para el investigador Luis Bonilla un cambio pasa por garantizar «no solo que no haya persecución sobre el madurismo, sino que también la nueva burguesía tenga posibilidad de disfrutar de sus riquezas y de seguir usufructuando la renta petrolera»
Decir izquierda no es decir lo mismo en toda Venezuela. El gobierno del mandatario Nicolás Maduro asegura ser de este signo político, pero intelectuales y analistas lo refutan. Este miércoles, durante el foro «¿Qué está pasando en Venezuela? Una lectura desde la izquierda» organizado por el Frente Democrático Popular, el intelectual Javier Biardeau explicó que se está solicitando la revisión de los resultados mesa por mesa. Biardeau se refirió al recurso de revisión introducido por el excandidato Enrique Márquez ante la Sala Constitucional del TSJ: «Lo que estamos pidiendo es que, al igual que se hizo en 2013, se cotejen los boletines electorales nacionales con los resultados mesa por mesa, los resultados expresados en las actas electorales con los comprobantes de votación, y permitir que un proceso mesa por mesa» valide o rechace los resultados certificados por la Sala Electoral del TSJ.
El investigador venezolano Luis Bonilla, integrante del comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), consideró que «era imposible que, perdiendo Maduro, entregara el poder» y afirmó que es perentorio garantizar «no solo que no haya persecución sobre el madurismo, sino que también la nueva burguesía tenga posibilidad de disfrutar de sus riquezas y de seguir usufructuando la renta petrolera. Ese acuerdo no se ha dado».
Bonilla explicó que, hasta el momento, «no hay signo de fractura en el bloque hegemónico» y tampoco hay posibilidad de un estallido social por la represión. A su juicio, la apuesta de los presidentes López Obrador, Lula Da Silva y Petro es buscar una salida negociada a la situación porque al capitalismo global le preocupa que surja un gobierno más radical. Aclaró, por otra parte, que la propuesta de repetir las elecciones solo se entiende como una acción a largo plazo, porque celebrarlas este diciembre solo agravará la crisis debido a que no hay condiciones para que el madurismo entregue el poder.
Por eso, se inclinó hacia el escenario de elecciones en dos años, o más, para construir una ruta que garantice que no se persiga a nadie y que todos accedan a la renta petrolera. Falta ver, acotó, si los sectores populares aceptarán ese juego, o si darán otra orientación al proceso.
Por lo pronto, enfatizó Bonilla, es clave defender los espacios democráticos -luchar por la recuperación de los que se han perdido y sostener los que hay- y no crear falsas expectativas sobre un cambio.
Un relato del 28 de julio
El 28 de julio «ocurrió un hecho que no puede pasar por anecdótico: a partir de la 1 de la tarde la principal encuestadora del gobierno, Hintercales, publicó una encuesta de boca de urna, a pesar de que había prohibición expresa del poder electoral, donde le daba a Maduro una ventaja de 50 a 30, 20 puntos de ventaja, y esta encuesta fue replicada por veedores y voceros aliados al gobierno tan significativos como Correa y Monedero», detalló Biardeau.
A partir de las 7 de la noche «se presentó otra situación irregular, que fue el retiro de testigos electorales por el Plan República; los retiraron de los centros electorales». Luego, el retardo en la publicación de resultados, y posteriormente, la publicación de copias de actas electorales por parte de la Plataforma Unitaria «donde se contradecía completamente el resultado anunciado por el CNE» con lo que se generó «el gigantesco impasse electoral que condujo a las movilizaciones del 29 de julio y la intervención de e nacionales e internacionales respaldando o no el resultado electoral».
La solución que buscó el gobierno «fue construir una figura jurídica inexistente, usando de manera táctica el recurso contencioso electoral, que es un recurso de demanda por parte de un actor contra otro poder electoral. Lo que hizo el gobierno fue buscar la certificación de resultados por parte de la Sala Electoral» con un peritaje. «La Sala Electoral pretendió usurpar las funciones del poder electoral, realizando un peritaje que no está contemplado en la legislación venezolana» y construyendo «un proceso jurídico penal para tratar de intimidar a aquellas candidaturas que no presentaran los requerimientos que la Sala Electoral pidió».
Ahora, refirió, «tenemos a un candidato fuera del país (Edmundo González Urrutia), aunque aparentemente tuvo las mayores expresiones de apoyo popular» y también «tenemos un intento de recurso de revisión y de nulidad de la sentencia 31 ante la Sala Constitucional del TSJ, que es apoyado por el frente y es incoado por el excandidato Enrique Marquez».
