Hay 48 investigados por el caso. Ocho personas tienen boleta de excarcelación pero todavía siguen encarceladas

Entre los 48 investigados por el magnicidio en grado de frustración cometido contra el presidente Nicolás Maduro, el 4 de Agosto de 2018, resaltan dos Generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): Héctor Hernández Da Costa y Alejandro Pérez Gámez. Éste último fue el encargado de organizar el acto conmemorativo del 81° aniversario de la GNB, celebrado en la avenida Bolívar de Caracas, donde ocurrió el atentado con drones.

Al General Hernández lo acusan de haber filtrado la información sobre el sitio donde se realizaría el acto, según consta en el expediente del Ministerio Público (268957-2018) elaborado por los fiscales Farik Karin Mora Salcedo y Dinora Joselin Bustamante Puerta. Hernández negó tal acusación y ha dicho que el ministro Jorge Rodríguez informó en febrero de 2019 sobre la captura del teniente coronel Ovidio Mosquera, Jefe de Comunicaciones de Casa Militar, quien presuntamente era la persona que le pasaba información al diputado Julio Borges, acerca de los quehaceres del Palacio de Miraflores, incluido el evento del 4 de agosto de 2018.

Hernández también argumenta que él no escogió la avenida Bolívar para la celebración del 81° aniversario de la GNB. Y señala que esa decisión correspondió al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien decidió entre Puerto Ordaz, Maracaibo y Caracas. Por esa razón Hernández ha solicitado, a través de sus abogados, la comparecencia de Padrino López ante el Tribunal Especial Antiterrorista de Caracas, petición que la jueza Carol Padilla desechó. Pero hay otras instancias que aun no han dicho la última palabra.

“Sangre fría”. El día 4-A, escogido para atentar contra la vida del presidente Maduro, los dos equipos de muchachos designados para tal operación salieron a las 8:oo a.m., de los tres hoteles caraqueños donde estaban alojados desde el 1° de agosto. Un primer equipo se instaló en el Centro Empresarial Ciprés y el otro en la esquina de Curamichate, avenida Lecuna de Caracas. Mientras que un tercer grupo, integrado por José Miguel Estrada González y Henryberth Rivas, estaban al pie de la tarima presidencial. Mantuvieron constante comunicación con Osman Tabosky, quien les repetía una frase: “…sangre fría”.

Para las 2:oo p.m., de ese 4-A la avenida Bolívar y sus alrededores ya estaban colmados de oficiales de la GNB y vehículos que participarían en el desfile. Eran 6.771 efectivos militares y 422 vehículos castrenses. Ya al final del acto, 4:35 p.m., se escuchó una primera detonación en las cercanías del Nuevo Circo, pero hacia la esquina El Cristo. Un primer drone había despegado y explotado contra la estructura de las residencias “Don Eduardo”. A los minutos salió la segunda aeronave no tripulada desde el Centro Empresarial Ciprés, la cual explotó frente a la tarima presidencial, justo cuando Maduro pronunciaba el discurso de cierre del acto. Todo se transmitió en cadena de radio y televisión.

Las investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) señalan que, desde hace días venían haciendo seguimiento al plan magnicida, según las actas. Pero el Ministerio Público dice que tanto el Jefe de Estado como otros “altos funcionarios del Poder Público…presentes en dicho acto, fueron sorprendidos por dos explosiones causadas por la activación de artefactos explosivos incorporados a dos aeronaves no tripuladas, una de las cuales irrumpió de manera sorpresiva el espacio aérea adyacente a la tarima presidencial…”.

Aun con el alboroto en la Avenida Bolívar, transeúntes de las esquinas El Viento, El Cristo y Curamichate observaron a hombres manipular un drone. Un vecino tomó una foto y después hizo frente a los sujetos hasta que funcionarios de Casa Militar llegaron y los capturaron. Se trataba de Argenis Gabriel Valero Ruiz y Juan Carlos Monasterios Venegas, los dos primeros apresados. Se desplazaban en una camioneta Orlando color negro, placas AG125WA. Monasterios Venegas fue el encargado de armar y despegar ese drone con la ayuda de Valero Ruiz.

  La preparación. Las investigaciones difundidas hasta ahora señalan que los autores materiales del atentado se entrenaron en Colombia desde enero de 2018. Allá fueron recibidos por Rayder Ruso Márquez, quien los trasladó a la Granja Atlanta, Municipio Chinácota, Departamento del Norte de Santander. Recibieron entrenamiento para la evasión de los cuerpos de seguridad, así como de funcionamiento y manejo de aeronaves no tripuladas, tal como se desprende de archivos verificados en una tableta incautada a uno de los procesados.

El expediente del Ministerio Público señala que, miembros de la organización criminal a cargo del atentado “contaron con el apoyo de los ciudadanos Julio Borges y Juan Requesens, a los fines de evadir los controles migratorios y así poder entrar y salir del territorio nacional con destino a Colombia.

En cuanto a la compra de los aparatos, la investigación menciona a Yolmer Escalona Torrealba, hermano de Yilber Escalona y pareja de Emirlendris Benítez. Yilber, alias Pastor. A éste último se le atribuye la fabricación de los artefactos explosivos adheridos a las aeronaves no tripuladas. Yolmer, Yilber y Emirlendris visitaron Caracas un mes antes del 4-A para ultimar detalles.

Respecto a la explosión de los dos drones empleados ese 4-A, el expediente dice por una parte que fueron activados desde Estados Unidos por Osman Tabosky, “en virtud de que perdieron contactos” con quienes estaban en la Avenida Bolívar y sus alrededores.

Pero ese mismo expediente señala que, “gracias a la efectividad de los inhibidores de frecuencia, desplegados en la zona por los organismos de seguridad a fin de saturar las bandas de comunicación de los aparatos electrónicos y de comunicaciones, se logró neutralizar el manejo a distancia y por ende la operatividad de ambas aeronaves no tripuladas”.

  El juicio. Entre el 4 de agosto de 2018 y el 12 de febrero de 2019 los organismos de seguridad detuvieron a 49 personas señaladas de tomar parte en la planeación y ejecución del magnicidio frustrado. De ese grupo, a 17 se les ordenó pase a juicio por parte del Tribunal Especial Antiterrorista de Caracas.

Ese mismo Tribunal, a cargo de Carol Padilla, concedió medidas cautelares para investigados cuya participación no resultó ser comprobada. En ese grupo se cuentan: Eugenio Segundo Escalona Jiménez, Kenneth Keidan Kladnik García, Andrea Elena Rivas Anzola, Adriana Milena Delgado Reyes, Thais Del Carmen Valera Viloria, Richard José Micel Herrera, Yonathan José Medina González y Eduardo Ramón Hernández Ocanto.

Estas personas ya tienen su respectiva boleta de excarcelación, pero aun no han salido de sus celdas. Tal situación llegó a oídos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michell Bachelet. Mientras, se espera la fecha para el inicio del juicio ordenado contra los 17 imputados, entre quienes figura el Diputado Juan Requesens.

  Acumulación

Los expedientes del magnicidio frustrado y el ataque al Fuerte Paramacay (6 de agosto 2017) fueron acumulados en uno solo. Eso significa que los 18 procesados por asaltar el mencionado establecimiento militar ubicado en Naguanagua, Carabobo y los 48 del ataque con drones, serán juzgados en el mismo tribunal antiterrorista. La decisión fue tomada porque el citado Tribunal consideró que existen conexiones entre los implicados de ambos eventos. De hecho, Henribert Rivas, alias “Morfeo”, declaró que, cuando fue llevado a Colombia para el entrenamiento de los drones, allí había varios partícipes del asalto al Paramacay.

Extradiciones

En agosto del 2018 la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitió una serie de sentencias para autorizar la extradición de ocho implicados en el magnicidio frustrado.

  Elvis Arnaldo Rivas Barrios. Se encuentra en Colombia. La Fiscalía lo señala de haber contribuido con los pagos de hospedaje a los perpetradores del ataque. Dichos pagos se realizaron a través de la empresa Stand Electronic 327 C.A. ubicada en La Urbina, Municipio Sucre, Miranda.

  Julio Andrés Borges Junyent. Diputado de Primero Justicia. La Fiscalía determinó que, este parlamentario realizó las coordinaciones con migración Colombia para la salida de los equipos que lanzarían los drones el 4 de agosto de 2018 en la Avenida Bolívar.

  Virginia Antonieta Da Silva-Pio Porta. Es señalada de colaborar en la logística del entrenamiento en Colombia de los implicados en el ataque. Además, recibió a los equipos en Caracas el 1° de Agosto de 2018. Luego huyó a Estados Unidos.

  Rayder Alexander Russo Márquez. Se encuentra en Colombia, país donde recibió a los 12 partícipes del plan ejecutado el 4-A. Se le señala de proporcionar entrenamiento en el campamento de Chinácota, Norte de Santander.

  Carlos Luis Monasterio Aular. Se le señala de participar en el entrenamiento de los equipos que perpetraron el ataque con drones. Estuvo en el campamento de Chinácota, Colombia donde está radicado.

  Yilber Alberto Escalona Torrealba. El expediente indica que es uno de los explosivistas que ayudó a preparar los drones empleados el 4-A. Además, era el encargado de trasladar a Colombia a José Miguel Estrada González y Alberto José Bracho, una vez acometido el plan en la Avenida Bolívar de Caracas.

  Osmán Alexis Delgado Tabosky. Desde Estados Unidos dirigió la operación, según los audios presentados por el Ministro Jorge Rodríguez. Además, aportó recursos para el alquiler y compra de vehículos usados en el desplazamientos de los implicados.

  Josser Eduardo López Valero. En el expediente dice de él, que junto a Tabosky y otros, aportó recursos financieros para la logística de la operación y se le señala que desde Estados Unidos, alquiló un vehículo donde se desplazaron los autores materiales del atentado.

En el expediente se menciona a otros investigados como colaboradores del evento: Elisa del Carmen Martínez Escalona y Saraí Anaís Navas Barrios, así como también a familiares del técnico explosivista Yilber Alberto Escalona Torrealba (Pastor), quienes se encargaban de realizar las transferencias electrónicas para la logística utilizada durante la operación. Se conoció que Elisa del Carmen Martínez Escalona, ya fue liberada.

  Alcira Marino Carrizo de Colmenares. Fungía como instrumento financiero utilizado para cancelar el envío de las partes de drones, desde los países donde se hicieron las compras, según consta en el expediente.

  Oswaldo Valentín García Palomo. Es señalado de participar en la organización de la logística.

  Parsifal de Sola Crespo. Es investigado por el aporte de recursos económicos,en tanto que a Daniel Vera, se le vincula con el área de logística.