Cada ciudadana, cada ciudadano debe tomar conciencia de su rol, y su rol «es asumir su ciudadanía y ejercerla plenamente», sostiene el profesor Pedro González Caro, subdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB. «Tiene que empezar a activarse, tiene que exigir al gobierno y a las autoridades que se cumpla con lo que están prescrito en la Constitución».
González Caro vive en Venezuela y no está «patinando en los anillos de saturno». Por eso, señala que «ha habido un proceso continuado de deterioro de los partidos políticos desde hace mucho más de 25 años, y ese deterioro es el que ha ido haciendo que la gente pierda confianza en los partidos, pero sin embargo, las personas han ido organizándose en distintas formas de de expresión ciudadana, organizaciones no gubernamentales, asociaciones que permiten efectivamente tramitar la demanda de los ciudadanos frente al sistema político, y que pueda finalmente lograr la solución de esos problemas y de esas demandas».
A su juicio, «los partidos políticos van a tener que ir montándose en ese autobús y empezar a tratar de utilizar su propia infraestructura para retomar ese rol de intermediación entre el ciudadano y el sistema político, rol que han ido perdiendo».
Cita estudios según los cuales «3% de una población organizada en ejercicio de su ciudadanía y exigiendo cambios políticos puede efectivamente incidir en el proceso político de un país y provocar y producir los cambios que está demandando. Organizarse en forma sistemática y pacífica puede inducir los cambios que los ciudadanos necesitan».
Hay, aduce, un nuevo momento: «En la medida en que los ciudadanos van ejerciendo la presión necesaria interna para poder impulsar y promover los cambios, el Estado político va a tener que empezar a a ceder». Pone el ejemplo de Sudáfrica, porque «cuando ocurrió el cambio fue precisamente por el crecimiento de una demanda de participación de ciudadanos que habían sido renegados durante muchos años, y el Estado político tuvo que ceder frente a esa presión y convocar elecciones, participación masiva de ciudadanos y se produjeron los cambios».
González Caro analiza que las leyes que se han promulgado en los últimos tres meses «no son una expresión realmente de cambio, sino más bien una expresión de adecuación del sistema político actual frente a una situación de tutelaje que no está prevista ni en la Constitución ni en ninguna parte, pero a la que tiene que dar respuesta para la supervivencia y para tratar de alargar el periodo de mando hasta que puedan cambiar las condiciones de tutelaje».
Cuestiona la Ley de Amnistía, porque «todavía hay más de 500 presos que están presos y hay personas que salieron y que ahora están presas en su propia casa, o que tienen restricciones». Los presos, reitera, «están presos por una decisión política, y pueden salir también por una decisión política; no hacía falta una ley de amnistía para eso». Es, remarca, «un tema político, de decisiones políticas más que de decisiones legales».
En relación con Estados Unidos, advierte que se trata de «una cosa sumamente compleja y habrá que ir estudiando cómo nosotros vamos a poder entender lo que efectivamente pasó. Hay gente que dice que la transición no ha comenzado, pero yo pienso que sí comenzó. El proceso de transición no tiene un hito que marca cuándo inicia y cuándo termina, sino que casi siempre después es que uno empieza a darse cuenta de cuándo fue que efectivamente comenzó. Por eso, hay que esperar que el tiempo pase y que cada uno de los jugadores que está en este juego político vaya jugando sus piezas y vaya ordenando, y que los ciudadanos organizados empiecen efectivamente a solicitar lo que quieren».
El subdirector del Cepyg-UCAB subraya que en Venezuela «tenemos una presidenta encargada, eso es un hecho. Está allí, ejerce las funciones del ejecutivo». Sin embargo, considera que la elección «sería una válvula que libera presiones y que permite canalizar justamente las demandas de los ciudadanos. Tenemos una presidenta encargada que, de acuerdo con la Constitución, podría ejercer ese cargo en el caso de que exista una ausencia permanente del presidente durante 30 días. Ya esos 30 días pasaron hace mucho rato, y ella sigue siendo presidenta encargada porque el Tribunal Supremo de Justicia estableció una falta forzada que no está prevista en la Constitución».
Afirma que, independientemente de otros razonamientos, «alguien tiene que firmar los cheques, alguien tiene que pagarles el sueldo a los empleados públicos, alguien tiene que pagar los servicios. No puede ser que no haya nadie. Ante la posibilidad de no tener a nadie que firme los cheques, que pague las cosas, que atienda las demandas que tiene que cumplir el Estado, pues que Delcy Rodríguez siga allí. Pero lo cierto es que el ejercicio de facto de la presidencia no está previsto en la Constitución, y debería convocarse un proceso electoral que defina efectivamente quién va a ejercer ese cargo de presidente de la República».
Al consultarle si un proceso comicial debe hacerse con este CNE y con este TSJ, González Caro sostiene que en 2024 «hubo una elección con el CNE que tenemos, que la ganó una persona que tiene las actas y tiene todas las pruebas, así que el tema del CNE no sería tan importante.
Lo que sí sería importante para los ciudadanos es que haya una observación electoral internacional certificada. Por ejemplo, que venga una comisión de la Unión Europea, una comisión de la Organización de Estados Americanos, una comisión de Naciones Unidas que supervise y que certifique los procedimientos que se están cumpliendo para llevar adelante el cronograma electoral, cronograma que debería publicarse».
De acuerdo con su criterio, «si queremos tener una elección pronto, deberíamos tocar lo menos posible ese sistema electoral para que no se vea afectado por las propias leyes. O si no, como propuso Transparencia Venezuela, desarrollar un texto normativo, un estatuto electoral temporal que atienda exclusivamente la condición particular de esta elección».
No ve viable la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, porque «va a ser otra vez otra historia de lo mismo que ya hemos tenido. El tema es cumplir lo que está establecido en la Constitución. No necesitamos una constitución nueva. Lo que necesitamos es cumplir la que tenemos, y que los órganos del del Estado empiecen a operar en función del bienestar del ciudadano. Porque el Estado se ha tergiversado. Entonces, ya no es el Estado al servicio de ciudadanos, sino que los ciudadanos son los que están al servicio del Estado».
