La actividad tuvo como propósito evaluar los avances en esta materia, escuchar las inquietudes de inquilinos y pobladores, así como conocer en qué consiste el actual acompañamiento de los parlamentarios, en articulación con la Defensoría del Pueblo y otros organismos competentes
La Subcomisión de Vivienda y Hábitat, la Asamblea Nacional (AN) y la Defensoría del Pueblo suman esfuerzos en la lucha contra los desalojos arbitrarios. Así se conoció durante el foro «Desalojos arbitrarios. Logros, retos y desafíos», que se realizó en el Museo Boliviano.
A cargo del foro estuvo el presidente de la subcomisión, diputado Rigel Sergent. Participó como ponente el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, y asistieron integrantes del Movimiento de Inquilinas e Inquilinos y del Movimiento de Pobladoras y Pobladores, así como voceros de las comunidades.
Durante el evento, el diputado Sergent expuso que desde la llegada de la Revolución Bolivariana, se inició una intensa lucha para dignificar a las familias que viven en estas condiciones.
Mencionó que el Estado venezolano, protegiendo al pueblo, creó un andamiaje jurídico que garantiza la satisfacción del derecho a una vivienda digna, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este particular, indicó que se publicó el Decreto N°1666 sobre los Procesos de Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares y la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos.
Asimismo, promulgó Leyes del Poder Popular como la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, Ley Especial de Refugios Dignos, Ley Contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas, Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
Con respecto a esta última, recordó que fue promulgada por el comandante Hugo Chávez en el año 2011, por iniciativa del Poder Popular. A través de este dispositivo legal, se otorga al arrendamiento de viviendas un valor social, a la vez que se establece como derecho humano inalienable, ajeno a la mercantilización y la especulación.
En este sentido, mencionó que “la seguridad de la tenencia garantiza una protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas”.
