La ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz) pidió este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y a los países de la región monitorear el proceso de designación de los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo, que ha estado rodeada de denuncias por falta de transparencia e imparcialidad.
La organización no gubernamental hace el llamado un día después de que dos relatoras de la ONU para los derechos humanos dijeran que el Gobierno debe garantizar que los nuevos fiscal general y defensor del pueblo lleguen a esas responsabilidades con base en méritos y a la integridad que hayan demostrado.
En X, Cepaz recordó que estas designaciones tienen un «impacto directo» en la «recuperación de la independencia institucional, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en Venezuela».
Asimismo, denunció que el proceso que lleva adelante una comisión designada por el Parlamento, controlado por el chavismo, se está llevando a cabo «sin apego a estándares mínimos de transparencia, participación ciudadana, imparcialidad y rendición de cuentas».
«Estas deficiencias en el proceso generan el riesgo de que se designen personas carentes de independencia, idoneidad y probidad para ejercer dichos cargos, lo que debilita aún más el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos», advirtió.
Por tanto, hizo también un llamamiento al Legislativo a garantizar la selección de personas «independientes e idóneas».
El martes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, pidió una prórroga de 48 horas que vence este jueves a las 16:00 hora local (20:00 GMT), según el diputado, con el fin de que la comisión reciba más credenciales y se logre «un posible consenso».
En un comunicado difundido el martes, once ONG denunciaron la «ausencia de reglas claras y públicas» sobre el procedimiento y los criterios de evaluación y, en ese sentido, señalaron que no se ha publicado el reglamento, el cronograma ni el «baremo que será utilizado para evaluar las credenciales».
El proceso para designar a un nuevo fiscal general y defensor del pueblo se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran el pasado febrero de estos cargos.
Sus renuncias se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.
Con información de EFE
