La ONG Acceso a la Justicia considera que las recientes designaciones del fiscal general Larry Devoe y de la defensora del pueblo Eglée González se han desarrollado con un «vicio de origen que debilita la confianza en ambas instituciones».
«Si quienes deben investigar delitos y proteger derechos humanos son designados mediante procesos sin controles efectivos, aumenta el riesgo de impunidad y falta de protección frente a violaciones de estas garantías fundamentales», indicó la organización en una nota prensa.
Asimismo, subrayó que la evaluación de las postulaciones las asumió la Asamblea Nacional (AN) a través de un comité integrado en su mayoría por diputados afines al chavismo, pese a que también debían participar representantes de diversos sectores de la sociedad y el proceso debió ser convocado por el Consejo Moral Republicano, órgano del Poder Ciudadano.
«Si bien la normativa prevé que, en caso de inacción de este órgano, la AN asuma el proceso, ello no implica que el comité pueda estar integrado exclusivamente por diputados en ejercicio, como ocurrió en este caso, con 13 miembros, de los cuales 8 militan en el partido de Gobierno», apuntó en una nota de prensa.
Asimismo, Acceso a la Justicia subrayó que el comité de evaluación del Parlamento informó sobre la aprobación de un cronograma de trabajo para un período de 30 días, pero nunca fue publicado. Tampoco difundió el reglamento del proceso, ni los criterios de evaluación.
Además, se desconocen las puntuaciones asignadas a los 134 aspirantes que se presentaron originalmente y las de los 21 que lo hicieron después y «no existieron condiciones que permitieran evaluar de manera abierta y verificable su idoneidad».
La ONG afirmó que las designaciones de Devoe y González, el pasado jueves, se produjeron «fuera del plazo inicialmente previsto y en un contexto marcado por negociaciones políticas».
A esto se le suma «una irregularidad determinante: no se presentó una terna de candidatos por cargo, como exige la Constitución, sino dos opciones», añadió Acceso a la Justicia.
El proceso para designar a un nuevo fiscal y defensor se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran de estos cargos.
Sus renuncias se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.
Información de EFE
