En un comunicado conjunto, 61 organizaciones defensoras de derechos humanos, políticos y electorales afirmaron que ambas instituciones tienen la «responsabilidad inmediata e ineludible» de garantizar su independencia y recuperar «la confianza pública».
Más de 60 ONG pidieron este viernes que los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en Venezuela, elegidos esta semana por el Parlamento, cumplan sus funciones con independencia e imparcialidad, así como avanzar en la defensa de los derechos humanos en el país.
Asimismo, señalaron que tanto el Ministerio Público como la Defensoría están obligadas a «reconocer formalmente la legitimidad del trabajo» de las organizaciones y activistas defensores de derechos humanos, así como garantizar «condiciones plenas» para su «libre actuación».
Pidieron al nuevo fiscal, Larry Devoe, que cese todos los procesos de investigación y juicios «basados en motivos políticos» y promueva la liberación de los presos políticos.
Exhortaron a que abra investigaciones contra funcionarios señalados de «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad» por la Misión de investigación de la ONU, así como «cooperar de manera activa y genuina» con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investiga estos casos.
Por otro lado, le solicitaron a la nueva defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, que visite las cárceles y publique informes periódicos y transparentes sobre sus hallazgos.
Asimismo, le exhortaron a establecer «canales formales» de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de los Hechos, y adoptar «gestiones concretas» para facilitar sus visitas al país.
En este sentido, solicitaron que la defensora promueva el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que inste al Parlamento a derogar legislaciones «contrarias a los estándares» de derechos humanos.
Las organizaciones firmantes, entre las que se incluyen Provea, Espacio Público, Laboratorio de Paz, Civilis y Acceso a la Justicia, se comprometieron a seguir «documentando y evaluando» el trabajo de la Fiscalía y Defensoría.
Los abogados Devoe y González Lobato fueron designados en la Fiscalía y Defensoría, respectivamente, tras un proceso de selección desarrollado por el Parlamento, que tiene amplia mayoría chavista.
Ambos nombramientos fueron cuestionados por ONG y dirigentes opositores, quienes señalaron el historial de Devoe como funcionario del chavismo y la falta de experiencia en materia de defensa de derechos humanos de González Lobato.
Los nuevos titulares del Poder Ciudadano asumen sus cargos en medio del proceso de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, por la cual se han otorgado más de 8.000 libertades plenas. EFE
