La discusión del proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales se detuvo en junio pasado. Es «un diseño de dominación», afirma el investigador Alexander Campos. El diputado Guillermo Palacios propone un referéndum para que la población exprese si quiere o no quiere esta norma y otras similares
El acelerador con el que el chavismo avanzaba en la Ley Orgánica de Ciudades Comunales se convirtió en frenazo, en junio pasado, cuando el propio diputado Luis José Marcano (PSUV) solicitó diferir la segunda discusión luego de aprobar 10 artículos.
Si detener esta ley forma o no parte de las negociaciones en México entre el gobierno de Maduro y la oposición es un secreto guardado entre los participantes. Pero, con toda la valoración negativa que hacen académicos y políticos sobre esta norma, sin duda que es un elemento importante en cualquier escenario de diálogo.
Parlamentarios, líderes y otros sectores consultados por contrapunto.com ven en esta ley, y en otras similares que la acompañen, la estocada final a instituciones y relaciones de la sociedad venezolana.
El artículo 5 del proyecto de ley reza: “La Ciudad Comunal tiene como propósito fundamental el desarrollo pleno de la democracia participativa, protagónica y el principio de corresponsabilidad en la gestión de políticas públicas, y una nueva institucionalidad del poder popular en el marco de la Ley Constitucional del Plan de la Patria para la conformación y ejercicio del gobierno por parte de las Comunas a través del Sistema de planes, decisiones, recursos, competencias, proyectos, gestión, seguimiento y gobierno, la administración y gestión de las competencias desarrolladas o que le sean transferidas, el establecimiento de normas de convivencia y socialización, y mecanismos legislativos territoriales y de contraloría social para el tránsito hacia la sociedad socialista”. Algunas palabras clave son: nueva institucionalidad, competencias transferidas, tránsito hacia la sociedad socialista.
Marcano, presidente de la Comisión para el Desarrollo de las Comunas del Parlamento de 2020, afirmó en junio que la ley “tiene como propósito establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de este nuevo modelo de convivencia social-comuna”.
La discusión del sistema comunal está parada en la Asamblea Nacional (AN) de 2020, puntualiza Gabriel Santana, dirigente de Primero Justicia en Chacao. “No se ha vuelto a traer ese tema, creo yo, porque hay muchas personas dentro del PSUV que no están de acuerdo”.
El Estado comunal es “uno de los proyectos políticos más importantes que ha tenido el PSUV”, señala. “Hoy es una realidad jurídica, una realidad institucional y una realidad política”, que siempre está presente en el discurso del oficialismo.
Las ciudades comunales “son mucho peores que los protectorados”, porque “los protectorados han sido figuras paralelas a las alcaldías y gobernaciones, que les quitaban competencias, pero las ciudades comunales pretenden sustituir a las alcaldías y gobernaciones”, subraya.
Ante el escenario electoral Santana alega que es “una gran incoherencia y deshonestidad que haya candidatos del PSUV a alcaldes y gobernadores cuando su mismo partido, en la AN, propone acabar con las alcaldías y gobernaciones”. Por eso “les decimos que sean honestos, que le hablen claro a la gente”.
Sistema de vigilancia y control
En julio pasado el diputado Guillermo Palacios denunciaba que había “una decisión del régimen de imponer de forma inconstitucional unas leyes comunistas, calcadas de la revolución cubana”. Ellas implican “terminar de secuestrar la sociedad venezolana; ya nos tienen cercados, pero con estas leyes nos van a terminar de secuestrar”. Palacios calcula que son unas cinco leyes que contemplan “que la estructura del poder va a cambiar”, con una transferencia de competencias. “Van a terminar de vaciar a estados y municipios de sus competencias” y llegará el momento “en que va a ser inoficioso que existan alcaldías y gobernaciones; solo quedarán para pagar empleados”.
Palacios estima que eso “cambiará el sistema de vida de los venezolanos”, y anticipa que las comunas “van a tener funciones de vigilancia, de control sobre la sociedad, sobre la propiedad privada de las personas, la educación de los niños”.
El Estado comunal “el régimen está haciendo todo lo posible para instaurarlo”, alerta Alexander Campos. Está pensado “para romper la estructura y el modelo democrático que nuestra Constitución hasta ahora defiende, y en el cual nos formamos y vivimos los venezolanos hasta ahora”.
Sostiene que el Estado comunal es “un diseño de dominación, más que un diseño administrativo y más que un diseño funcional”. Hasta ahora, subraya, “no ha resultado efectiva ninguna estructura de dominación vía institucional, porque la gente se rebela a cada rato”.
De allí surgirá “un nuevo Estado” pensado “para sostener al régimen y para eliminar gobernaciones y alcaldías, y si las deja, será como figuras decorativas”. Es “un nuevo modelo de estructuración del Estado, pero también es un nuevo modelo de relacionamiento ciudadano”.
Campos explica que los sistemas totalitarios “saben que se juegan la dominación en la conciencia, y por eso buscan fundamentalmente la transformación de la conciencia”, pero en Venezuela “no lo han logrado, y la experiencia histórica demuestra que nunca lo logran”. No obstante, sí quieren mantenerse en la estructura, analiza. “Ese Estado comunal es, precisamente, para poner lo más cerca posible del sujeto la dominación del Estado”.
Si las comunas logran o no mantener limpia la calle, si llevarán o no agua, si ayudarán o no a que la investigación sea más efectiva “eso les interesa un comino; lo que les interesa es tener, en cada laboratorio de este país, en cada universidad una estructura que permita al profesor y al científico no tener la libertad de poder decir y poder criticar”. Es, compara, “como el malandro: está pensado para eliminar al otro, no para mantenerlo; si le doy libertad a los otros entonces tienen capacidad de ir contra mí”.
Sin competencias ni recursos
Uno de los riesgos es que “le quita competencias y presupuesto a gobernaciones alcaldías y concejos municipales”, detalla la diputada Maribel Castillo (Avanzada Progresista). “Le vas a otorgar partidas presupuestarias a gente que no es electa y que va a salir de las gobernaciones y alcaldías”.
-¿Es la muerte de gobernaciones y alcaldías?
-En materia presupuestaria, sí.
Pedro Paredes, de Progreso Social, asegura que también es la muerte de las funciones de alcaldías y gobernaciones “porque las funciones se las pasarían a una comuna o a la representación de las comunas como gobierno en esa zona”. Es decir, “se perderían las funciones de cada gobernador y de cada alcalde”, lo que viola la Constitución Nacional. “Nos estaríamos enfrentando a una hegemonía gubernamental por un capricho político socialista”.
El ordenamiento jurídico “es un principio consagrado en la Constitución”, y en ese ordenamiento jurídico “no existe el tal llamado poder comunal”, puntualiza Yamil Tovar, de Plataforma Alianza Nacional. Lo que buscan es “crear un Estado dentro del Estado; es un estado de anarquía el que está alimentando el régimen”. Es, afirma, “un asalto al poder constituido de la república y una clara violación de los derechos constitucionales”.
La ciudad ideal es plural, descentralizada, autónoma, con cultura, con capacidad para resolver los problemas de la gente, enumera Santana. “El Estado comunal no es plural, porque sigue el socialismo del siglo XXI y eso quita la posibilidad a las personas con pensamiento distinto de participar en las ciudades comunales. No es democrática porque no están concebidas las elecciones de primer grado. Acaba con nuestra historia y nuestra cultura”. También aniquila la autonomía y descentralización “porque los recursos van directamente del poder popular a las comunas”.
Referéndum y apropiación
La posición de Guillermo Palacios es activar el referéndum y que la gente diga lo que quiere sobre estas leyes. Rememora que en 2007 el presidente Chávez “intentó cambiar la estructura del Estado” y eso “fue rechazado; es decir, mucha gente afecta al chavismo votó en contra”. Es una acción como parte de una ruta, defiende.
Yamil Tovar considera que la representación parlamentaria de la oposición “es suficiente, como cuerpo legislativo, como parte de la opinión del país, para solicitar el referéndum consultivo”. No hace falta recoger firmas, sino que los 20 diputados opositores “pongan su firma en la solicitud y la presenten ante el CNE, porque ellos representan más de 10% de la población”.
Tovar plantea que el referéndum consultivo se haga el propio 21 de noviembre. “Estamos seguros de que, en un referéndum consultivo, los mismos chavistas con quienes hemos conversado van a votar en contra”, sostiene Maribel Castillo. “Ellos son vecinos nuestros, no están en la NASA; están sufriendo y padeciendo las arbitrariedades del gobierno”. Gabriel Santana, por su parte, pide a los militantes del PSUV que están en desacuerdo con el Estado comunal “que sean una voz disidente dentro de su organización política”. Llama igualmente a movilizarse en rechazo al Estado comunal (como ocurrió el pasado 11 de agosto) y que en cada comunidad “haya personas organizadas en rechazo a esta amenaza”.
Para Alexander Campos la estrategia debería ser “apropiarse de ellas, penetrarlas” y resignificarlas, para “lanzarlas en contra del Estado”. Propone crear “modelos organizativos que surjan desde la base y que anulen las intenciones totalitarias de esa estructura”.