El Gobierno de Venezuela rechazó este miércoles las declaraciones del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, en las que pidió no aprobar dos proyectos de ley del Parlamento venezolano, uno referente a la fiscalización, regulación y financiamiento de las ONG y otro contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares.
A través de un comunicado, Venezuela dijo que Türk «se quita la máscara» y «asume el papel para el cual fue colocado» por parte de «poderes imperiales», asumiéndose como «acusador» contra el Gobierno.
Asimismo, manifestó que el alto comisionado de la ONU «omite la condena» de hechos violentos durante las protestas poselectorales, que surgieron en rechazo al resultado oficial de las elecciones presidenciales, que ratificó a Nicolás Maduro como ganador, una victoria cuestionada por la mayor coalición opositora, así como por Gobiernos extranjeros y veedores internacionales.
«El Gobierno tiene la certeza (de) que no es la ignorancia del Sr. Türk la que lo empuja a desconocer que la gran mayoría de los países del mundo, en todos los continentes, han desarrollado leyes para proteger al pueblo de los males del fascismo y el nazismo», manifestó Caracas.
Sin embargo, varias ONG han advertido que la regulación de las organizaciones supone una «supresión del espacio cívico y del derecho de asociación», mientras que la ley contra el fascismo busca -según Provea- «silenciar a sectores críticos y legitimar prácticas persecutorias por parte del Estado venezolano».
El Ejecutivo reiteró su llamado al alto comisionado para que «desista de su actitud provocadora» y pidió que «cese en su ataque brutal contra las instituciones venezolanas».
Este martes, Türk instó a las autoridades del país caribeño «a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático del país».
También advirtió sobre «el clima de miedo» en Venezuela por las «continuas detenciones arbitrarias» y el «uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos del orden público tras las elecciones del 28 de julio».
Entretanto, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó incluir, en el proyecto de ley para fiscalizar a las ONG, la disolución judicial de toda organización que viole las disposiciones establecidas en esta normativa.
