El caso por narcoterrorismo contra el derrocado, Nicolás Maduro, y Cilia Flores en Estados Unidos fue reasignado este miércoles a la jueza Analisa Torres tras la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, según indica el archivo judicial.
El tribunal del Distrito Sur de Nueva York incluyó en el archivo el documento sobre el proceso de reasignación de casos «previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte» y divulgó que la nueva encargada es la magistrada Torres.
Torres (Nueva York, 1959) fue nombrada jueza para la jurisdicción por el presidente demócrata Barack Obama en 2013 y desde entonces ha presidido numerosos casos de carácter civil, penal y regulatorios.
Descendiente de una familia de magistrados de origen puertorriqueño, se graduó con honores en la Universidad de Harvard, se doctoró en la Escuela de Derecho de Columbia y trabajó en bufetes privados al principio de su carrera antes empezar en los tribunales.
Previo a su nombramiento como jueza federal en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Torres fue jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York durante cerca de una década, y anteriormente lo fue en los tribunales civil y penal de la ciudad.
El juez Hellerstein falleció este miércoles a los 92 años por causas naturales después de casi tres décadas presidiendo casos de alto perfil, informó un portavoz del tribunal a los medios locales.
Hellerstein presidía el caso contra Maduro desde marzo de 2020, cuando Estados Unidos presentó la acusación original por narcotráfico y otros delitos. Tras la captura del mandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, el juez supervisó el desarrollo del proceso penal.
El juicio contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a EEUU, posesión de armas destructivas y torturas, está programado para el 14 de junio de 2027.
La próxima audiencia del caso se prevé para diciembre y está relacionada con las peticiones de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana.
