Integrantes de la Red de Excarcelados por la Democracia mantuvieron este martes una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Durante el encuentro, los activistas entregaron un informe detallado en el que denuncian la persistencia de detenciones por motivos políticos, la violación del derecho a la propiedad y la situación crítica de militares y personas de la tercera edad en los centros de reclusión.
Williams Dávila manifestó su rechazo a lo que consideran un intento del Estado por invisibilizar la problemática de los prisioneros de conciencia. «Queremos denunciar la tendencia que tiene el régimen de ponerle punto final al proceso y eso nosotros no lo podemos aceptar porque existen más de cuatrocientas personas que están privadas de su libertad simplemente por ejercer un derecho político», señalaron durante la declaración pública posterior a la reunión.
Casos críticos y violaciones procesales
Hizo énfasis en casos específicos que ilustran las irregularidades del sistema penitenciario y judicial. Entre ellos, mencionaron al teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, quien cumple ocho años de detención sin que se le entregue su boleta de excarcelación, y al capitán Antonio Sequea, recluido en el Internado Judicial El Rodeo I.
Asimismo, los activistas subrayaron la vulneración del Código Orgánico Procesal Penal en el caso de la señora Mary Torres, quien a sus 71 años permanece privada de libertad a pesar de que la ley prohíbe la detención de personas mayores de 70 años.
«Nosotros tenemos en este momento una obligación y un compromiso: luchar por la liberación de todos los presos políticos. Aquí no puede haber una real y verdadera transición en Venezuela mientras existan presos políticos», sentenciaron los representantes de la Red.
Un punto neurálgico del informe entregado a la ONU fue la confiscación de bienes muebles e inmuebles como medida de represalia política. Los excarcelados denunciaron que, tras recuperar su libertad, el Estado se ha negado a restituir propiedades confiscadas, lo que calificaron como una «violación flagrante».
Uno de los voceros expuso su situación personal como ejemplo de esta práctica sistémica: «El hecho no es el carro, el hecho es el derecho de propiedad que está siendo violentado. Ahí hay una violación flagrante de los derechos humanos porque el derecho de propiedad es un derecho esencial».
Compromisos internacionales y monitoreo in situ
La Red de Excarcelados abogó ante la Oficina del Alto Comisionado por la realización de visitas de inspección técnica a centros como El Helicoide y El Rodeo, advirtiendo que tales visitas deben ser rigurosas para evitar que las autoridades maquillen la realidad de las instalaciones.
«No olvidemos que los derechos humanos son imprescriptibles y que aquí no puede haber impunidad. Los responsables de esas graves violaciones tienen que dar la cara», puntualizaron.
Finalmente, los activistas informaron que la OACNUDH recibió formalmente el documento donde se puntualizan las exigencias de:
- Restitución de activos confiscados.
- Liberación inmediata de todos los presos políticos.
- Respeto al debido proceso y fin de la selectividad en la aplicación de amnistías.
- Cese de la negación de recursos de Habeas Corpus.
La organización reafirmó que mantendrá un canal de comunicación directo con las Naciones Unidas para asegurar que la información sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela se mantenga actualizada y verificada por las víctimas directas.
