Un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la «ausencia de reglas claras y públicas» sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo en Venezuela.
En un comunicado difundido este martes, diferentes ONG reclamaron que el pasado 25 de febrero se conformara un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado «únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley».
Esta conformación «anula la pluralidad e independencia del proceso» y sugiere que la eventual designación de las nuevas autoridades «podría responder a lealtades políticas antes que a criterios de mérito profesional, lo que comprometería la autonomía de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo», añadieron las ONG, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia.
Además, recordaron que el pasado 16 de marzo el Parlamento difundió una lista con más de 130 postulaciones, pero no publicó el reglamento que regirá el proceso de selección, el cronograma, ni el «baremo que será utilizado para evaluar las credenciales» de los aspirantes a la Fiscalía y Defensoría.
«La ausencia de reglas claras y públicas sobre el procedimiento y los criterios de evaluación limita la posibilidad de un escrutinio público efectivo y restringe la participación informada de la ciudadanía, debilitando la legitimidad del proceso», argumentaron.
A su juicio, lo anterior «abre la puerta a decisiones discrecionales en lugar de una selección basada en méritos, criterios técnicos y probidad de las personas postulantes», por lo que instaron al Parlamento a garantizar el proceso de designaciones y que se permita la selección de personas «independientes e idóneas» conforme a la Constitución y estándares internacionales.
El proceso para designar a un nuevo defensor del pueblo y fiscal general se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran el pasado 25 de febrero de estos cargos.
Las renuncias de Saab y Ruiz se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.
