Maduro, Guaidó y todos los factores políticos tienen que acordar «mecanismos para una gestión transparente de las acciones y recursos, por encima del conflicto político», subraya esta alianza. El manejo de la emergencia agravada por la pandemia «podría ser la semilla de una cogestión y, por lo tanto, una experiencia que podría sentar las bases para un Gobierno de Unidad Nacional»
Diálogo Social le hace honor a su nombre y llama justamente al diálogo para afrontar no solo la crisis causada por la COVID-19, sino la emergencia humanitaria que ya sufría el país y que se agrava por la pandemia.
Mariela Ramírez, del Movimiento Ciudadano Dale Letra; Griselda Colina, del Observatorio Global de Comunicación y Democracia; Deborah Van Berkel, de la Red de Organizaciones Sinergia y Beatriz Borges, del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), respondieron por Whatsapp un cuestionario enviado por Contrapunto.com
-¿Qué sectores y actores deben formar parte de ese «acuerdo por la gente»? ¿Maduro y Guaidó? ¿Otros?
-En los “Acuerdos por la gente” que estamos promoviendo deben participar todos los sectores que hacen vida en el país: tanto políticos como militares, tanto económicos como sociales en sus diversas expresiones, especialmente aquellos que tienen responsabilidad en la toma de decisiones. Necesitamos urgentemente la acción consciente, la sensata disposición y el deber inexcusable que habita en esos sectores para concebir y construir los acuerdos políticos necesarios que abran un cauce a las competencias requeridas por el país para atender la emergencia humanitaria compleja, proteger los derechos a la vida y a los medios de subsistencia de la población venezolana, ahora gravemente amenazados por la pandemia del Covid-19. La participación de todos es necesaria, especialmente la de los actores que manejan capacidades para poder aliviar el sufrimiento de la población y salvar vidas.
Consideramos imprescindible la acción urgente y propositiva de los actores internacionales y de los organismos multilaterales, indispensable para garantizar el cumplimiento de los acuerdos entre los diversos actores y promover la apertura de canales institucionales dentro de los cuales esos acuerdos tengan la posibilidad de ser desarrollados. Es por ello que recomendamos valorar la utilización del Mecanismo Humanitario de País de la Organización de Naciones Unidas, desplegado bajo los sólidos principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e Independencia Operativa, como espacio institucional compartido por los sectores políticos, para canalizar la ejecución y contraloría de proyectos urgentes para atender, en medio de la pandemia, a la población. Esto implicaría abrir un espacio de cooperación entre los diversos actores nacionales con la participación de la Comunidad Internacional, en el que sectores de la sociedad civil venezolana podrían colaborar como garantes de cumplimiento.
–¿Pedir un acuerdo para atender la crisis agravada por el coronavirus implica reconocer a Maduro o a Guaidó como «presidentes de Venezuela»?
-Consideramos que el momento marca la necesidad urgente de un cambio de prioridades y estrategias, centrado en la protección de la vida y la dignidad de las personas en Venezuela, así como en las acciones consecuentes con este fin. Esto requiere que ambos actores, tanto quienes controlan las instituciones, como quienes tienen el respaldo y la legitimidad ante la comunidad internacional, tomen consciencia de que para dar una respuesta adecuada a las necesidades es necesario que pongan las diferentes capacidades al servicio de la atención urgente de la emergencia agravada por la pandemia, y acuerden mecanismos para una gestión transparente de las acciones y recursos, por encima del conflicto político.
Como ya dijimos, el momento reclama que todos los sectores, junto a las instituciones, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y la población, aborden integralmente la emergencia sanitaria, humanitaria y económica del país en un marco de respeto a los derechos humanos.
-¿Cómo se resuelve la diatriba política Maduro-Guaidó para afrontar la crisis?
-Tal y como señalamos anteriormente, el momento marca la necesidad imperiosa de un cambio de prioridades y estrategias teniendo como centro a la persona humana y su dignidad, y las acciones deben ser consecuentes con este enfoque. No se se trata de colocar el debate político en cuarentena, ni de que pospongamos la recuperación de la democracia, que es algo en lo que debemos seguir trabajando incansablemente. Sin embargo, las actuales circunstancias ameritan acciones urgentes para salvar vidas, y es allí donde se deben priorizar los esfuerzos; para ello es necesario orientar la gestión del conflicto hacia una estrategia que incluya los acuerdos por la gente. Acuerdos que podrían, a la vez, abonar el camino hacia la reinstitucionalización y la restitución del Estado de derecho en el país, proceso fundamental para la reconstrucción de capacidades de las instituciones venezolanas para afrontar la pandemia.
Consideramos que estos acuerdos por la gente y por la vida podrían ser una oportunidad para establecer canales de comunicación efectivos entre ambos actores, con el acompañamiento de los organismos multilaterales y la comunidad internacional. Avanzar en esta dirección, en el manejo de la emergencia agravada por la pandemia, podría ser la semilla de una cogestión y, por lo tanto, una experiencia que podría sentar las bases para un Gobierno de Unidad Nacional, tal y como fue planteado en las conversaciones auspiciadas por el reino de Noruega y recientemente renovado en la propuesta realizada por el presidente de la Asamblea Nacional y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos.
-¿El consejo asesor debe estar activo por cuánto tiempo?
-El Consejo Asesor de Sociedad Civil es una figura que está planteada para atender la urgencia de la pandemia. Tal y como señala el documento, la idea es crear un mecanismo de interlocución entre los equipos interdisciplinarios ya conformados por ambos actores políticos y este consejo, integrado por personas expertas, nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-partidista, de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, etc., para avanzar unidos, junto a los actores políticos y los organismos multilaterales en la coordinación de la respuesta nacional al COVID-19. Ahora bien, en el caso de Venezuela, en el contexto de una emergencia humanitaria compleja, este grupo de expertos podría tener funciones en el mediano y largo plazo, apuntalando la construcción de una respuesta integral para las transformaciones necesarias a fin de recuperar la normalidad democrática y humana a la que aspiramos todos los venezolanos.
-¿Qué cambiará la crisis el hecho de que la vocería sea asumida por el Ministerio de Salud?
-Una autoridad sanitaria, una vocería técnica, sería un signo importante en el manejo transparente y despolitizado de la crisis, facilitando la cooperación entre los diferentes actores. El Ministerio de Salud, a través del equipo de técnicos que lo conforma, es el llamado a presentar resultados en base a criterios científicos, boletines epidemiológicos semanales y demás datos que, aparte de ofrecer certezas a toda la población, permitan diseñar respuestas adecuadas desde los diferentes sectores.
Cada día los venezolanos, lejos de recibir información precisa en cuanto a estas acciones, relacionadas con el marco regulatorio del Estado de Emergencia, etc., escuchamos largas alocuciones de voceros políticos impregnadas de la narrativa del grupo en el poder que controla, además, los medios de comunicación, politizando la atención a la pandemia no solo a nivel local, sino internacional, lo cual aumenta las barreras para la necesaria cooperación entre los actores con el fin de dar una respuesta adecuada.
-¿Cuál puede ser el mecanismo para atender a las personas no bancarizadas?
-Existen diversas opciones recogidas en la experiencia de las organizaciones humanitarias en otras latitudes. Por ejemplo, vales o notas de créditos y entregas de efectivo son mecanismos que son parte de los programas que se usan en emergencias humanitarias en África.
Otra opción sería dar acceso a la entrada de programas de los organismos multilaterales, como el Programa Mundial de Alimentos, con grandes capacidades logísticas para atender a la población más vulnerable. También podrían diseñarse mecanismos con la amplia y comprometida red de organizaciones civiles en el país, que lleva años trabajando al lado de la gente, para atender necesidades básicas e iniciativas de desarrollo con un enfoque de derechos humanos y mínimos recursos, cuenta además con capacidades técnicas y total disposición a cooperar en el desarrollo de proyectos que sirvan para mejorar las condiciones de vida de nuestra población.
-¿Qué proponen para el año escolar, por ejemplo? ¿Para la distribución de alimentos?
-Hay diferentes opciones para la reestructuración del año escolar, que beneficien al estudiantado y le permita gozar del derecho a una educación de calidad. Pretender que, en las condiciones actuales del país, los colegios van a poder cumplir con unos cronogramas mínimos a través de vías digitales es desconocer la realidad de la mayoría de las personas.
Entre las opciones que manejamos está la construcción de acuerdos que permitan habilitar las estaciones de señal abierta en radio y televisión y diseñar guías de estudio que puedan ser difundidas por estos medios, en horarios accesibles a los diferentes niveles educativos.
Sobre la distribución de alimentos reiteramos que permitir el ingreso del Programa Mundial de Alimentación al país, que se encuentra ya dispuesto y ofrece una gran capacidad logística dentro del sistema humanitario, sería un gran avance en la mitigación del sufrimiento de nuestro pueblo. Esto solo requiere la voluntad del grupo que detenta el poder, que tiene control del territorio y que, lamentablemente, hasta el momento no le ha dado el visto bueno a esta posibilidad.
Así mismo son urgentes las medidas para apoyar al sector privado, de modo que éste pueda sostener efectivamente tanto la producción como la distribución de alimentos a la población venezolana. Es indispensable garantizar medidas para salvaguardar los medios de producción nacional, así como la protección del empleo, articulando esfuerzos con los diversos sectores productivos del país y escuchando los planes y recomendaciones que han presentado a la nación. Es necesario también asegurar la emisión de salvoconductos y suministro de combustible a transportistas de alimentos, con el fin de proteger los circuitos de abastecimiento, la siembra de alimentos en este ciclo de invierno y la extracción y distribución de las cosechas, lo cual requiere el máximo esfuerzo para responder de forma efectiva a la pandemia Covid-19 y requiere de acuerdos plurales e inclusivos entre todos los sectores y la cooperación de todas las partes.
-¿Ven posible la realización de elecciones este año, sean parlamentarias o presidenciales?
-Consideramos difícil la realización de un proceso electoral libre en las actuales condiciones. Sin embargo, se debe avanzar en la reconstrucción de la ruta electoral a fin de restablecer los derechos civiles y políticos de los venezolanos. El comité de postulaciones debe adelantar el diseño de una propuesta de acuerdo político y promover su ejecución para que, finalmente, se logre conformar un nuevo CNE institucional, apegado a lo establecido en nuestra carta magna. Esta autoridad podrá ir desarrollando la construcción de las capacidades necesarias para que los venezolanos recuperemos nuestros derechos políticos.
La situación en materia electoral en Venezuela ya era delicada mucho antes de que apareciera la pandemia. Las violaciones de nuestros derechos políticos registradas entre 2016 y 2018 debilitaron el voto como instrumento de cambio y golpearon duramente la participación ciudadana en los procesos electorales. En el reciente incendio, ocurrido en los galpones del CNE, se perdió más del 90% de los equipos para la votación automatizada lo que, sin duda, plantea un nuevo reto; a ello se suma el deterioro grave que está sufriendo el país con la urgencia de una pandemia que agudiza aún más la emergencia humanitaria compleja que ya padecíamos los venezolanos. La resolución de la crisis planteada, como ya hemos dicho, debe fundamentarse sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos de los venezolanos, de modo que esa resolución no puede dejar por fuera, bajo ningún respecto, nuestros derechos civiles y políticos. Es por ello que urge reconstruir la ruta electoral, crear las condiciones necesarias para que los venezolanos recuperemos el derecho a elegir autoridades legítimas que puedan articular soluciones a la grave crisis que atraviesa el país. Pese a la complejidad del escenario actual, y entendiendo que en este momento las acciones deben concentrarse en salvar vidas, la recuperación de la democracia, sin embargo, no se puede postergar, de modo que paralelamente, tenemos que ir restaurando el camino que nos conduzca hacia el Estado de derecho.
