La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad tiene nodos en nueve países. Hasta la fecha han registrado 111 casos y documentado 24, como lo puntualiza el coordinador de la organización, el abogado Alonso Domínguez
Los detuvieron. Los sometieron a desaparición forzada. Los sometieron a tratos crueles e inhumanos. Por hambre, por miedo, decidieron marcharse. Hoy forman parte de la diáspora venezolana, distribuida por el mundo. Pero la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad está buscando el testimonio de los venezolanos que migraron, y a quienes les violaron sus derechos humanos antes de marcharse de Venezuela, para poder presentarlos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Alonso Domínguez, coordinador de la Red, explica que están llamando a las víctimas de la represión durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. Aclara -en entrevista para contrapunto.com- que no todas las violaciones de derechos humanos califican como crímenes de lesa humanidad.
Esta es una iniciativa de varias organizaciones, como Un Mundo sin Mordaza, Defiende Venezuela, el Observatorio Venezolano de Crímenes de Lesa Humanidad. «A raíz del flujo migratorio que ha habido en Venezuela muchas de las víctimas de esas violaciones salieron del país y han terminado en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos, España», recuerda. Por eso «mantener el contacto con esas víctimas para recabar su testimonio y unirlo a los testimonios de otras personas, y tener la investigación lo más sustentada y completa posible, pasaba a ser un reto logístico tremendo».
Decidieron, entonces, buscar la manera de llegar a las víctimas de tortura, detención arbitraria, desaparición forzada, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, chantajes contra detenidos. «Hay un conjunto de hechos que, si ocurren manera sistemática, generalizada, contra una parte de la población y respondiendo a una línea política, pueden ser considerados delito de lesa humanidad», detalla.
Aunque «abusos policiales ha habido siempre» en Venezuela, los organizaciones están sumando voluntarios para capacitarlos e identificar a las víctimas a fin de que den su testimonio «con miras a que se haga justicia y que se obtenga reparación». Pero se han encontrado, como lo cuenta Domínguez, con temores que están vivos y coleando, porque los migrantes piensan que una denuncia puede comprometer su estadía, o no quieren revivir hechos del pasado.
Están centrados en las personas que tuvieron que migrar porque en Venezuela ya hay un esfuerzo de organizaciones de derechos humanos, pero no lo hay en los países de recepción de venezolanos. Domínguez detalla que están en nueve países: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México, Costa Rica, Estados Unidos y España. «Probablemente va a haber un equipo en Alemania, en Paraguay, en Panamá. Que donde haya un venezolano que está dispuesto a hacer la capacitación y a prestar unas horas de su tiempo, allí habrá un nodo de la Red».
La CPI decidió investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en 2017, pero -tal como lo indica Domínguez- esperan ampliar a 2014. «Sobre todo, esas dos oleadas de represión que tuvieron tantas víctimas».
El proceso de la Red consiste en contactar a las víctimas, hacer una descripción del caso, pasar a la fase de documentación con base en los estándares. Este paso lo realizan con un equipo liderado por el abogado argentino Fernando Goldar. «Hemos registrado hasta ahora 111 casos y hemos documentado 24 en seis meses de trabajo intenso que hemos tenido», puntualiza. «Lo que ocurrió es que mucha gente se fue y no denunció. La fiscalía venezolana no generaba confianza».
Pero los movimientos internacionales revivieron al Ministerio Público, e incluso, hay víctimas en Venezuela que comentan que la Fiscalía quiere llegar a ellas y recoger su testimonio, como «para corregir lo que dejaron de hacer hace varios años». El abogado recuerda que el esfuerzo de la CPI es «para que haya justicia», y como no hubo justicia en Venezuela, víctimas y organizaciones decidieron ir a la CPI.
De los 111 casos «el patrón más reiterado es la detención y la desaparición forzosa» durante varios días; hay «algunos casos de violaciones terribles», apunta. Los cuerpos de seguridad más involucrados son las policías regionales y la Guardia Nacional, de lo cual sus superiores «se hacen de la vista gorda».
Los casos acopiados por la Red serán enviados a la oficina de la víctima de la CPI, en La Haya, Países Bajos.
