El empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años por autoridades de Estados Unidos como una figura cercana a Nicolás Maduro, se declarará culpable este martes ante un tribunal federal de Miami en una causa por lavado de dinero vinculada a contratos de importación de alimentos hacia Venezuela, según reportó The Associated Press (AP).
Saab, de 54 años, comparecerá ante la jueza federal Kathleen Williams para formalizar la audiencia de cambio de declaración. Hasta la fecha, los términos específicos del acuerdo entre la Fiscalía federal y la representación legal del empresario se mantienen bajo reserva.
La acusación formal contra el empresario deriva de una investigación en la que fiscales estadounidenses sostienen que formó parte de una conspiración estructurada mediante empresas ficticias, documentación falsificada y contratos de carácter fraudulento, con el fin de obtener beneficios económicos de operaciones de importación procedentes de Colombia y México.
Implicaciones para la causa contra Nicolás Maduro
Durante años, Saab fue considerado por funcionarios norteamericanos como un intermediario financiero determinante en operaciones comerciales vinculadas al gobierno venezolano. Tras su detención inicial en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición a territorio estadounidense, el empresario recibió en 2023 un indulto por parte del entonces presidente Joe Biden como parte de un canje de prisioneros; no obstante, las agencias de la ley mantuvieron activas las indagatorias sobre actividades no cubiertas por dicho beneficio procesal.
El reingreso de Saab al sistema judicial estadounidense se concretó en mayo de 2026, luego de que el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, procediera a su deportación tras presiones de Washington. La eventual cooperación de Saab se perfila como un factor central en las investigaciones en curso contra Nicolás Maduro, quien afronta cargos por narcotráfico en Nueva York.
De acuerdo con AP, los fiscales sopesan la inclusión de Saab como testigo clave en los procesos vinculados al exmandatario venezolano, al poder aportar detalles sobre esquemas de contratación estatal, dinámicas de capitales y redes operativas desarrolladas en la última década. El desarrollo judicial coincide con una etapa de reconfiguración en la política bilateral entre Washington y Caracas, marcada por la orientación de la administración de Donald Trump hacia la supervisión de la industria petrolera venezolana.
