Presos políticos como Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado «se convirtieron en rehenes de la población penal cuando hacían los motines en búsqueda de beneficios para ellos»
El decreto publicado en Gaceta Oficial, que transfiere la custodia de privados de libertad al Ministerio del Servicio Penitenciario «representa una violación gravísima de los derechos humanos, y una desmejora para la situación de los presos políticos», señaló la diputada Adriana Pichardo,de la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
Con esta medida «colocan en grave peligro su integridad y su vida», enfatizó. En 2020 «hubo 299 ejecuciones extrajudiciales en las cárceles comunes en Venezuela» y en lo que va de año los informes ratifican «las condiciones infrahumanas en las que se encuentran las cárceles venezolanas», que incluyen el riesgo de tuberculosis.
«De esa realidad no escapan los presos políticos que han estado en cárceles comunes», reitera, y trae a colación los casos de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, quienes «se convirtieron en rehenes de la población penal cuando hacían los motines en búsqueda de beneficios para ellos», lo que puso en riesgo sus vidas.
Pichardo calcula que dos presos políticos en Lara «murieron por tuberculosis en cárceles comunes, tuberculosis que adquirieron en ese lugar y nunca recibieron la atención médica requerida».
El sistema penitenciario «está colapsado, hay hacinamiento, no hay agua potable en los penales» y a eso «les quieren sumar 363 personas que no han cometido ningún delito» y que han sufrido tratos crueles e inhumanos en sedes de organismos policiales del Estado.
Los presos políticos, subrayó, «deberían estar en libertad, porque no han cometido ningún delito».
