La oposición liderada por Juan Guaidó denunció «ante la comunidad nacional e internacional esta grave situación que vulnera una vez más el Estado de Derecho y la democracia»
La oposición venezolana rechazó este martes una nueva normativa emitida por las autoridades del país, que pretende regular las actividades de las ONG, por considerar que «vulnera flagrantemente» la presunción de inocencia.
«A través de esta providencia administrativa, el régimen de Nicolás Maduro busca de vulnerar flagrantemente los principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia (…) así como la obligación de los órganos de seguridad del Estado a respetar la dignidad y los derechos humanos de las personas», reza un documento suscrito por los opositores.
La normativa, según recuerdan, ha sido emanada de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo e implica, entre otras cosas, la creación de un registro unificado.
También obliga, según subrayó la oposición, «al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera, con el fin de vigilar y supervisar sus fines y actividades», así como «a los miembros y el personal que los conforman, la lista de donantes y sus movimientos financieros».
Asimismo, deben declarar «la lista de beneficiarios y de otras organizaciones con quienes colaboren, utilizando la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo, por no estar bajo el control de un órgano público o reguladas por la ley».
Todo ello, a juicio de la oposición, violenta la Constitución que impide al Estado «utilizar información y datos que consten en registros oficiales, para afectar ilegítimamente los derechos de los ciudadanos venezolanos».
«De esta forma, el régimen de Maduro ha implementado otra vía para perseguir y amenazar a la sociedad civil organizada, obligándolos a someterse de forma inconstitucional a los controles autoritarios establecidos en esta providencia administrativa», asegura la oposición agrupada bajo el liderazgo de Juan Guaidó.
Por todo ello, la rechazan y consideran «nula al contrariar los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela» y la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Finalmente, denuncian «ante la comunidad nacional e internacional esta grave situación que vulnera una vez más el Estado de Derecho y la democracia» en Venezuela como «un acto más del régimen de Maduro por someter a la sociedad civil a sus controles autoritarios».