El pasado 28 de septiembre se celebró el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro; algunos movimientos del feminismo independiente venezolano levantaron sus banderas por esta causa que hasta el momento no pareciera estar en la agenda de las instancias legales pertinentes
La despenalización del aborto o interrupción voluntaria del embarazo es una causa que ha movilizado a cientos de miles de mujeres en la historia reciente de América Latina. Hasta ahora Cuba es el único país del continente donde la interrupción voluntaria del embarazo el legal desde al año 1968; y en el resto de los países la ilegalidad se pasea por diversas circunstancias y varios plazos establecidos; colocando el mayor peso de la ley en las mujeres; aunque la decisión final pueda estar en manos de los galenos.
En Venezuela, la interrupción voluntaria del embarazo o aborto provocado, es penalizado por el Código Penal del año 2000 excepto cuando existen amenazas a la salud de la mujer.
Es decir: si una mujer queda embarazada producto de una violación y su vida no corre riesgo, debe tener al hijo no deseado y sin padre. Si una mujer sufre de algún tipo de cáncer y queda embarazada pero la gravidez no pone en riesgo su vida, debe tener el hijo aunque su futuro sea incierto. Si una mujer está embarazada de un bebé con algún tipo de afección congénita y es probable que no sobreviva; la mujer debe tener al hijo aunque este fallezca al momento de nacer.
Y por supuesto, si una mujer ya ha tenido hijos y queda embarazada por voluntad propia o ajena y sabe que no puede mantenerlo, igual debe traerlo al mundo. Si es menor de 30 años y está decidida a no tener descendencia pero queda embarazada, también deberá traerlo. Y así, puede existir una variedad enorme de casos en los que la mujer no puede interrumpir su embarazo sin correr el riesgo de ser encarcelada por decidir sobre su cuerpo.
El Código Penal establece de seis meses a dos años de prisión para la mujer que se ha provocado un aborto, y la pena para un médico u otra persona que realiza el procedimiento con el consentimiento de la mujer es de doce a treinta meses.
¿Cifras preocupantes?
Durante los últimos años no ha habido acceso a datos oficiales sobre mortalidad materna. La última cifra pública que se conoció en mayo de 2017, incluida en el Boletín Epidemiológico del MPPS, indicaba que solo en el periodo 2015 y 2016 la mortalidad materna había aumentado en 66%. De acuerdo a la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), en 2018 se documentó la muerte de 15 mujeres solo en la Maternidad Concepción Palacios de Caracas. Ellas parten de que 1 de cada 4 muertes maternas son producto de un aborto inseguro, es decir el 25%.
Al respecto, Daniella Inojosa de la Red de movimientos La Araña Feminista, nos señala que «podemos arriesgarnos a decir que 176 mujeres murieron en 2016 en hospitales a causa de abortos inseguros, lo que dejaría por fuera a aquellas que no hayan podido llegar a un centro hospitalario».
¿Cifras que importan?
Aunque la cantidad de mujeres que mueren en procesos gestacionales indeseados hay ido creciendo, la hiperinflación y la cotización del dólar han sido los números más relevantes para el aparato legislador venezolano.
Inojosa recuerda que «En el 2017, justamente el 28 de septiembre, los movimientos feministas autónomos hicimos un pequeña marcha alrededor del Palacio Legislativo y una comisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) encabezada por María Alejandra Diaz nos recibió un documento en el que manifestamos la necesidad de modificar el artículo 76 de la actual constitución e incluir una serie de artículos que garanticen nuestros derechos sexuales y reproductivos. El 20 de junio de 2018 nos dieron un derecho de palabra que ejercimos Taroa Zuñiga de RIAS, Isabel Gómez por la FCI y yo por la Red de movimientos La Araña Feminista; más no recibimos respuesta alguna».
En la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó, existe una Comisión Permanente de Familia, en cuya agenda no aparece registrado el tema.
Despenalizada o no, la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica relativamente común en el país. Hay quienes la realizan en clínicas privadas pagando en dólares y hay quienes la deben realizar en la intimidad del baño de su casa con procedimientos rudimentarios ancestrales o en el mejor de los casos con píldoras conseguidas de manera clandestina. Son estas últimas mujeres las que están más expuestas a morir por un desangramiento que finalmente no terminará ni en una cifra registrada.
«La legalización del aborto debería salvar la vida de muchas mujeres, sobre todo de las mujeres pobres, pues el camino que transita una mujer que desea abortar es completamente diferente dependiendo de su capacidad adquisitiva. Las ricas pueden pagar por un aborto y son las pobres las que mueren», dice Inojosa.