Amnistía Internacional alerta que la vida de los venezolanos encarcelados en El Salvador «está en peligro»

El Gobierno de El Salvador, hasta el momento y desde la llegada de los más de 200 migrantes el pasado 16 de marzo, no se ha referido al tema, tampoco ha brindado detalles sobre cómo se encuentran los migrantes de origen venezolano que fueron trasladados al Cecot

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La vida de 238 venezolanos encarcelados en El Salvador, enviados ahí por el Gobierno del presidente Donald Trump, «se encuentra en peligro» por las violaciones a derechos humanos que se estarían dando en las prisiones salvadoreñas y la implementación en el país de un régimen de excepción contra las pandillas, alertó este martes la organización Amnistía Internacional (AI).

“Las expulsiones ilegales a El Salvador ponen vidas en peligro al haber un estado de excepción en vigor”, indicó AI en un comunicado.

De acuerdo con Ana Piquer, directora para las Américas de AI, este traslado y la desobediencia de una orden judicial que lo prohíbe “representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del Gobierno de Trump”.

A juicio de Piquer, estas acciones también son “un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente (Nayib) Bukele”, cuya Administración es acusada de atropellos, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones de corta duración y muerte de detenidos con signos de violencia.

AI indicó que “ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están recluidos ahora los expulsados”.

“Los informes indican hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Además, organizaciones salvadoreñas han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia”, relató.

A juicio de AI, “es preciso exigir responsabilidades a El Salvador por facilitar políticas que violan los derechos de las personas migrantes y las que buscan seguridad”.

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