El activista de derechos humanos indicó que el informe de Bachelet proporciona elementos a la Corte Penal Internacional respecto a la práctica de tortura, delitos de lesa humanidad y la persecución a un sector del país
Marino Alvarado, activista de derechos humanos y miembro de la directiva de la ONG Provea, afirmó que las declaraciones dadas por el presidente de la República Nicolás Maduro a cerca del informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, es una mala noticia para el país porque son una señal de que no hay voluntad política para rectificar.
Hay recomendaciones en el Informe de Bachelet que son muy fáciles de ejecutar, una de ellas es que se publiquen datos reales de la crisis de salud. Indicó el analista que. “El Ministerio de Salud debe publicar los boletines epidemiológicos y todos los ministerios deben dar su memoria y cuenta”, durante una entrevista en el programa Primera Página por Globovisión.
Alvarado sostuvo que, desafortunadamente, en Venezuela no hay voluntad por parte del Gobierno de mejorar la situación de derechos humanos y esto puede servir para presumir que las fuerzas de acciones especiales «seguirán asesinando, robando y posiblemente se siga torturando» aseguró.
Sin embargo, cree que el informe no se ha perdido, al contrario, sirve de mucho porque proporciona más elementos a la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a la tortura, delitos de lesa humanidad y persecución a un sector de la población que, aseguró, practica el Gobierno nacional.
También indicó Alvarado que «Provea no ha dejado de ayudar a los venezolanos en la defensa de sus derechos» recordó que recientemente llevaron a la instancia internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el caso que tiene que ver con discriminación política, personas quienes, según la ONG fueron despedidas por pensar diferente al Gobierno.
Aseguró que el Gobierno miente cuando dice que la crisis económica y social venezolana es producto de las sanciones de Estados Unidos y recordó que en 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas presentó datos según los cuales sólo ese año la pobreza aumentó 6%.
Asimismo, explicó que aunque las sanciones han profundizado la crisis desde noviembre de 2018, Provea apoya las que son aplicadas a quienes violan derechos humanos.
A su juicio, la recomendación del informe de Bachelet que urge y que además “salva vidas” es disolver las Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), según Alvarado estas fuerzas de seguridad son un “escuadrón de la muerte”.
“Es tan grave la situación con la Faes que Bachelet no sólo diagnostica sino que le pide al Gobierno que la disuelva”, agregó.
Aseguró también que Provea se encuentra denunciando y alzando la voz en el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo: “el Gobierno no sólo torturó y asesinó al capitán sino que no ha entregado el cuerpo, profundizando así el dolor de los familiares”.
