La unidad de administración y operatividad de la compañía debió solicitar autorización de Conatel para prescindir del uso del espectro radioeléctrico
Este miércoles 10 de junio, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que la empresa Directv Venezuela quebrantó el Decreto Presidencial N° 4.198 de fecha 12 de mayo de 2020, mediante el cual se declara la prórroga del Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria por la COVID-19.
«Existen elementos de convicción para presumir que tal acción fue concertada de manera ilegal por la junta directiva de Galaxy Entertainment de Venezuela, en conjunto con su unidad de administración y operatividad», dijo.
Adicionalmente se acredita daño patrimonial causado a personas naturales y jurídicas, quienes hicieron inversiones en equipos electrónicos y pago de suscripciones y espacios televisivos.
«Recordemos que hasta el mismo día de la suspensión de sus actividades, en distintos comercios del país se vendían decodificadores y suscripciones de Directv a precios cercanos a los 100 dólares», aseveró el fiscal.
En esto se presume la existencia de daño moral a la colectividad, por cuanto la suspensión de tal servicio creó incertidumbre y zozobra, ocasionando la transgresión de derechos constitucionales colectivos y difusos a la población, destacó.
Indicó William Saab que también se transgredió el artículo 15, numeral 10, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción.
Destacó además que Héctor Rivero, en su condición de gerente general de la mencionada empresa, protocolizó la venta de 25 vehículos automotores pertenecientes a Directv Venezuela a finales del año 2019.
Por estos motivos, el pasado 5 de junio fueron aprehendidos los directivos de la compañía: el gerente general Héctor Rivero, el vicepresidente de Operaciones Rodolfo Carrano y el vicepresidente de Estrategias y Negocios, Carlos Villamizar, por parte funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En tal sentido, señaló que el pasado 8 de junio se llevó a cabo la audiencia de presentación, en la cual el Ministerio Público imputó la presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.