El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) denunció cobros irregulares y trato desigual en la entrega de alimentos a presos políticos militares recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda. Según los testimonios de familiares, el director de penitenciaría del cuartel, Franklin Rozo, estaría ofreciendo mejores condiciones a cambio de pagos.
Los denunciantes aseguran que el funcionario presuntamente haría negocios con algunos familiares para priorizar la entrega de comida a determinados detenidos. Mientras algunos reciben el almuerzo a las 12:00 del mediodía, otros deben esperar hasta después de las 3:00 de la tarde.
De acuerdo con los testimonios, Rozo habría aprovechado reuniones previas a las visitas para captar a familiares dispuestos a pagar por mejores beneficios y un trato preferencial para sus allegados.
El CLIPPVE señaló que son los propios familiares quienes proporcionan las proteínas que consumen los detenidos. La organización advirtió que los retrasos prolongan las horas de hambre, generan conflictos entre los presos y profundizan las desigualdades dentro del recinto.
La práctica denunciada, de comprobarse, contravendría los principios establecidos en los artículos 46 y 272 de la Constitución venezolana. El primero garantiza el respeto a la integridad y dignidad de las personas, mientras que el segundo establece que el sistema penitenciario debe asegurar la rehabilitación de los internos y el respeto de sus derechos humanos.
Asimismo, el comité advirtió que los presuntos cobros podrían implicar responsabilidades legales por delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal, entre ellos concusión, cohecho o abuso de funciones.
La organización también alertó sobre el impacto económico y emocional que esta situación tendría en los familiares, quienes realizan esfuerzos para comprar alimentos y trasladarse hasta el centro de reclusión. Según el CLIPPVE, la posibilidad de que se les exija dinero para garantizar mejores condiciones los expone a presiones, posibles extorsiones y temor a represalias si se niegan a pagar.
Ante estas denuncias, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y demás organismos competentes una investigación independiente, imparcial y expedita de los hechos.
También pidió garantizar una alimentación regular, oportuna y sin discriminación para todos los presos políticos recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, proteger a los familiares denunciantes frente a posibles represalias y sancionar a los responsables si se comprueban las irregularidades.
Finalmente, el CLIPPVE solicitó que se permita el monitoreo del centro de reclusión por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
