La ONG Foro Penal informó este viernes que los acusados por el asalto al fuerte militar Paramacay, ocurrido en 2017 en el estado venezolano de Carabobo (norte), fueron condenados a 30 años de prisión, la pena máxima contemplada en la legislación del país.
El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en la red social X que la sentencia fue dictada este viernes “a todos los acusados en el caso Paramacay”, incluidos aquellos que se encontraban bajo medidas cautelares.
Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) precisó que 23 personas fueron condenadas, de las cuales 17 permanecían detenidas desde hace más de ocho años, mientras que otras seis estaban bajo medidas cautelares.
ONG denuncian violaciones al debido proceso
JEP aseguró que familiares de los condenados denunciaron que la sentencia se produjo “en medio de un proceso que desatendió en todas sus partes las normas del debido proceso”.
La organización sostuvo que este fallo “no es un evento aislado, sino que se inscribe en un patrón sistemático donde la forma jurídica se mantiene solo como una fachada”.
Asimismo, advirtió que “al vulnerar reiteradamente el debido proceso, se rompe el pacto social básico que protege al ciudadano frente al poder del Estado, y se marca un precedente peligroso en el que la indefensión se institucionaliza”.
El asalto al fuerte Paramacay
El asalto al fuerte Paramacay ocurrió en agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles sustrajo un centenar de fusiles y varios lanzagranadas de la Brigada 41 del Ejército, ubicada en Valencia, capital de Carabobo. Durante la operación, dos de los atacantes fueron abatidos por fuerzas leales al gobierno de Nicolás Maduro y otros siete fueron detenidos.
En un video difundido entonces, un grupo de hombres armados y vestidos con uniformes militares acompañó al capitán Juan Caguaripano, hoy detenido, quien afirmó declararse “en rebeldía” contra lo que llamó “la tiranía asesina de Nicolás Maduro”, aunque aseguró que no se trataba de un golpe de Estado.
Caguaripano describió la acción como “cívica y militar”, con el objetivo de “restablecer el orden constitucional” y “salvar al país de la destrucción total”. El oficial, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, había hecho pública su ruptura con el chavismo en 2014, tras denunciar la represión de las protestas antigubernamentales de ese año, que dejaron 43 fallecidos, según cifras oficiales.
