El politólogo Nícmer Evans asegura que el convenio que se firmó en octubre fue incumplido en su primera norma, que era la elección libre de candidatos a enfrentarse en la elección presidencial
El pasado 17 de octubre se firmó en Bridgetown (Barbados) un acuerdo entre una parte de la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro. Las delegaciones, estuvieron representadas por Gerardo Blyde (Plataforma Unitaria) y Jorge Rodríguez (oficialismo), como jefes de las respectivas delegaciones. Fueron acompañados por representantes diplomáticos de Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos.
Este «convenio» tuvo dos partes: la primera fue la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para las elecciones presidenciales de 2024, y la segunda, la protección de los intereses vitales de la nación, como los activos de Citgo en el exterior, la integridad territorial y la soberanía nacional.
Ambos bandos han dicho en reiteradas ocasiones que el Acuerdo de Barbados no se ha cumplido, se echan la culpa entre sí. Tanto la oposición como el oficialismo se culpan por el incumplimiento de los puntos acordados aquel 17 de octubre.
En declaraciones reciente a NTN24, María Corina Machado, quien ganó la primaria el 22 de octubre, sostuvo que la administración Maduro violó el punto de las elecciones libres y que puso muchas trabas, además de no habilitarla para ser la representante opositora para los comicios presidenciales del 28 de julio.
«Este es un momento en el que hay que cumplir la palabra y actuar con responsabilidad. El Acuerdo de Barbados y las primarias tenían sentido en tanto pudiéramos buscar unas elecciones limpias y libres en las cuales los venezolanos pudiesen elegir el candidato en quien confían para que los represente (…). Es inconcebible que sea Nicolás Maduro quien elija al candidato que lo va a enfrentar en las próximas elecciones presidenciales», dijo el lunes 15 de abril.
Por su parte, el 24 de octubre luego de realizadas las primarias, Jorge Rodríguez Gómez denunció que la oposición violó el pacto de Barbados y calificó de una gigantesca «estafa electoral (…) Lo que pasó el domingo no es verificable, eso ni siquiera fue una elección”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa.
Incumplimiento por parte del Gobierno
Para el politólogo Nícmer Evans, el convenio que se firmó en Barbados en octubre fue incumplido en su primera norma, que era la elección libre de candidatos a enfrentarse en la elección presidencial.
«El hecho de que se haya establecido como acuerdo de las dos partes que cada uno iba a seleccionar, según sus mecanismos o directrices y características de manera libre a sus candidatos. El acuerdo se incumple desde su primera norma, de ahí en adelante por supuesto que todo se desencadena en función de las condiciones electorales«, expresó.
Además, argumenta que a pesar del acuerdo las inhabilitaciones a dirigentes opositores no fueron levantadas y hubo muchas trabas oficiales para la realización de las primarias.
«La oposición venezolana realizó una primaria que estuvo en vilo con la posibilidad de no ejecutarse producto de alguna obstrucción oficial y posteriormente fue desconocida por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no se reconoció el resultado electoral producto de las inhabilitaciones.
Evans afirma que «a pesar de la presión de las distintas partes de asumir que una de las condiciones fundamentales era precisamente la superación de esas inhabilitaciones, que aunque taxativamente no se expresen en acuerdos en su articulado, sin duda alguna que desencadena el hecho del incumplimiento abrupto por parte de quienes ejercen el poder en Venezuela».
Aseveró que «otro de los aspectos que no se cumplen son las garantías que acuerdan que se establezcan en función del desarrollo adecuado del proceso electoral. El hecho de que los venezolanos hayan desconocido hasta ahora de manera formal un cronograma electoral que se publica en la Gaceta Electoral posteriormente al inicio de la ejecución del mismo».
Otra falta grave o incumplimiento del acuerdo que observa Evans es la de que «los venezolanos en el extranjero no hayan podido inscribirse, no solamente por la incompetencia por parte del Poder Electoral de facilitar los procesos para la inscripción, sino además también por el incumplimiento de los tiempos en muchos de los consulados y embajadas».
Oposición ni tan santa
Evans también asegura que parte de la oposición ha apelado al extremismo, pues considera que algunos dirigentes y simpatizantes de la contraparte chavista han utilizado sus redes sociales para pedir sanciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
«La oposición en general también tiene condiciones que cumplir y una de esas es el tema de las sanciones y el tema de la injerencia extranjera. En ese sentido vemos un esfuerzo grande por parte de algunos sectores de la oposición que en algún momento llamaban a esto (sanciones) viendo que no es una expresión ni de voceros oficiales ni institucionales de partidos políticos de oposición, pero sí es una expresión permanente por parte de algunos sectores extremistas en redes sociales. Ahora estando en la proximidad de la posibilidad de la extensión de esta sanciones, por supuesto que cualquier tipo de llamado por parte de un actor de oposición puede ser considerado la violación del mismo y en ese sentido ha habido llamados por parte de Leopoldo López», aseveró.
Manifiesta que parte del grupo político que adversa a Nicolás Maduro «ha estado al borde o ha intentado violentar el acuerdo, aunque no son los representantes directos de quienes se suscriben los acuerdos; sin embargo afectan un poco también la interpretación de los mismos. A la profundización de las sanciones entonces no solamente ha habido incumplimiento generalizado por parte del Gobierno y de quienes ejercen el poder, sino que también algunos sectores de oposición».
Este lunes 15 de abril, a través de las redes sociales, se conoció que el Gobierno de Joe Biden extenderá las sanciones a la administración Maduro por el incumplimiento del Acuerdo de Barbados las cuales contemplaban, tras firmarse el pacto en la isla caribeña, emitir cuatro licencias generales en las que aliviaría durante seis meses hasta el 18 de abril de 2024 a un grupo de sanciones contra la industria de hidrocarburos, gas natural y aurífera de Venezuela, así como remover las prohibiciones contra la comercialización secundaria. El equipo de gobierno de Biden advirtió, en ese momento, que la decisión sería revocada si el Gobierno venezolano no honraba sus compromisos.
