El lunes pasado, Caracas suspendió por 90 días las operaciones de TAP hacia Venezuela, afirmando que la compañía portuguesa había permitido que Juan Márquez, transportara explosivos
La investigación que abrió Lisboa después de que Caracas acusara a la aerolínea TAP de permitir que un familiar del opositor Juan Guaidó llevara explosivos a bordo de un avión demostró que no se cometió ninguna irregularidad, indicó el ministro de Interior portugués.
«No hubo ninguna violación de las normas de seguridad», tanto «en el aeropuerto de Lisboa por parte de las autoridades aeroportuarias» como por parte de «la compañía aérea TAP», consideró Eduardo Cabrita, ministro portugués de Interior, en unas declaraciones realizadas el sábado por la noche a la cadena pública RTP.
Los «resultados preliminares» de la investigación iniciada por las autoridades portuguesas el pasado 14 de febrero, a raíz de las acusaciones del gobierno venezolano, «son muy claras», subrayó.
El lunes pasado, Caracas suspendió por 90 días las operaciones de TAP hacia Venezuela, afirmando que la compañía portuguesa había permitido que Juan Márquez, tío del opositor Juan Guaidó, transportara explosivos a bordo de un avión.
Márquez, que viajaba junto a su sobrino de vuelta tras una gira internacional por Estados Unidos y Europa, fue detenido a su llegada a Venezuela. Según el presidente de la Asamblea Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, considerado como número 2 del gobierno de Nicolás Maduro, Márquez llevaba explosivos escondidos en varios objetos.
Cabello acusó a TAP de haber violado las «normas internacionales» al permitir que Márquez «llevara explosivos» y al ocultar, en la lista de pasajeros, la identidad de Juan Guaidó, a quien una sesentena de países –Portugal incluido– reconocieron como presidente encargado de Venezuela.
En aquel entonces, Lisboa consideró que la suspensión era «inadmisible» y un gesto «poco amistoso». TAP, que realiza dos vuelos semanales a Caracas, indicó que había respetado todas las medidas de seguridad. Según la aerolínea, la suspensión podría costarle cerca de 10 millones de euros.
TAP es una de las pocas compañías aéreas que continúa operando vuelos a Venezuela, pues la mayoría de las aerolíneas extranjeras han ido dejando el país desde 2013, cuando el precio del petróleo –que genera el 96% de los ingresos del país– empezó a caer.