El gobierno de Nicolás Maduro acusó este lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de desatender sus deberes para justificar un «colonialismo jurídico» en contra de Venezuela, luego de que ese organismo anunciara el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la falta de «progreso real» con el país suramericano.
«Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda antiVenezuela impulsada desde centros hegemónicos», indicó la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.
A juicio del ministerio de Exteriores, «es muy obvio» que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad y así, sostuvo, lo ha demostrado «en todas las instancias» en un proceso que tachó de «instrumentalizado con fines geopolíticos».
«A pesar de ello, Venezuela, en un claro espíritu de cooperación internacional, se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana», agregó.
Sobre la instalación de la oficina en Caracas, el Gobierno venezolano indicó que a pesar de haber transcurrido siete meses desde su inauguración, la Fiscalía «nunca designó personal para ocupar dichos espacios».
«Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas», apuntó.
La Administración de Maduro dijo que la agenda de la CPI en el país fue «muy clara, desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos».
