La organización no gubernamental Cecodap presentó un informe formal ante el fiscal general, Larry Devoe, en el cual expone la existencia de un presunto patrón sistemático de violaciones de derechos humanos contra adolescentes detenidos en Venezuela.
Durante la reunión con los representantes del Ministerio Público, el abogado y coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, precisó que los casos documentados por la organización no representan hechos aislados. Según el especialista, se trata de «prácticas reiteradas que evidencian fallas estructurales en el sistema de justicia y en los centros de detención».
Hallazgos y preocupaciones principales
El informe de la ONG detalla una serie de irregularidades que vulneran tanto los estándares nacionales como los tratados internacionales de protección a la infancia y adolescencia. Entre los puntos más críticos señalados destacan:
- Condiciones de reclusión: Deficiencias en el entorno y trato dentro de los centros de detención.
- Irregularidades procesales: El presunto uso de medidas privativas de libertad sin el cumplimiento del debido proceso.
- Tratos inadecuados: Situaciones que podrían constituir tratos crueles o degradantes hacia los menores de edad.
Ante el panorama expuesto, Cecodap solicitó formalmente al Ministerio Público la apertura de investigaciones independientes, imparciales y transparentes. Asimismo, la organización instó a la adopción de medidas urgentes que garanticen la integridad física y psicológica de los jóvenes privados de libertad.
La ONG también subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en los centros de detención y asegurar que las autoridades actúen bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de derechos de la infancia.
Este encuentro forma parte de una agenda de acercamientos entre la sociedad civil y el Estado para abordar la situación de los derechos humanos en el país. No obstante, diversas organizaciones han coincidido recientemente en su preocupación por el incremento de denuncias sobre detenciones de menores y los cuestionamientos recurrentes a las garantías procesales en el sistema judicial venezolano.
