La actual Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha hecho del discurso agresivo y la mano dura su marca política en sus primeros meses en el poder, con la advertencia de que «matará» a todos los narcotraficantes en la región, el uso de tácticas militares contra migrantes, la imposición de aranceles y la demolición sin previo aviso del Ala Este de la Casa Blanca.
«Los mataremos a todos», aseguró Trump esta semana al referirse a la operación que el Ejército estadounidense lleva a cabo bajo sus órdenes en aguas internacionales contra embarcaciones que, según Washington, transportan narcóticos.
Guerra contra las drogas en el mar
La operación, iniciada en el Caribe, cerca de Venezuela, y ahora extendida al Pacífico, frente a las costas de Colombia, ha incluido ataques a lanchas y la muerte de la mayoría de sus tripulantes, a quienes el Gobierno califica de «narcoterroristas» sin presentar pruebas.
La organización Human Rights Watch (HRW) calificó los ataques marítimos de Estados Unidos como «ejecuciones extrajudiciales» y advirtió que «los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a las que acusan de traficar drogas».
Por su parte, el politólogo Salvador Santino Regilme, de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, sostuvo que los ataques a las lanchas constituyen un acto de autodefensa «legalmente insostenible» porque “difumina las fronteras entre el control del crimen y la guerra”.
Mientras, Trump ha insinuado que podría ordenar atacar objetivos en tierra e intensificado sus ataques verbales contra líderes regionales, como el mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien llamó «un matón», y advirtió que, si no cierra los «campos de muerte» -en referencia a zonas controladas por el narcotráfico-, EEUU lo hará por él y no «de la forma amable».
Persecución a migrantes
Desde su regreso al poder en enero pasado, el republicano también ha redoblado sus políticas antiinmigrantes.
«Estamos deteniendo a criminales muy peligrosos», respondió Trump esta semana a un reportero que le cuestionó sobre las crecientes redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en varias ciudades del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha repetido el duro lenguaje de la Administración, ilustrado en campañas en redes sociales y comunicados diarios sobre detenciones y deportaciones de migrantes, a los que califica como «monstruos» o «lo peor de lo peor».
En Chicago y Nueva York, ciudades bajo control demócrata donde el mandatario ha ordenado el despliegue de tropas federales, organizaciones sociales como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que ICE ha utilizado «granadas aturdidoras» y «tácticas militares» contra migrantes en centros de trabajo y residencias.
Además, el mandatario y sus asesores más cercanos han tildado de terroristas o «lúnaticos de la extrema izquierda» a las cientos de personas que han participado en las protestas masivas contra su gestión.
Aranceles y represalias
Esta semana, Trump publicó al menos tres mensajes en su cuenta oficial de Truth Social para asegurar que la economía «está mejor que nunca», en referencia a los aranceles que ha impuesto a los socios comerciales de EEUU.
Detractores de su agresiva política arancelaria afirman, sin embargo, que los estadounidenses «están pagando demasiado por los alimentos».
Según el congresista demócrata de Wisconsin Mark Pocan, «la inflación subió desde septiembre (…) todo por los impuestos arancelarios de Trump».
La oposición demócrata denuncia el uso de los aranceles como represalia por parte del presidente, que ha impuesto gravámenes del 50% a Brasil por el proceso judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro, cercano a Trump, y a la India, por la compra de crudo ruso.
Esta semana, Trump suspendió las conversaciones comerciales con Canadá citando como motivo la difusión de un anuncio televisivo que, según él, «tergiversa» declaraciones del expresidente Ronald Reagan en contra de los aranceles.
Además, acusó a Ottawa de querer interferir «ilegalmente» en la próxima decisión de la Corte Suprema estadounidense sobre la legalidad de sus gravámenes.
Una Casa Blanca con sello Trump
Trump también busca dejar el sello de su Administración de forma tangible.
Lo que comenzó con el «embellecimiento» del Despacho Oval con la adición de decenas de adornos dorados, continuó con la pavimentación del emblemático jardín de la Rosaleda, ahora convertido en un «club» donde celebra cenas y entretiene a donantes, miembros de su Administración, legisladores y seguidores al estilo de su residencia Mar-a-Lago, en Florida.
Esta semana, el mandatario defendió la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un enorme salón de baile por valor de más de 300 millones de dólares que, asegura, «todos desean tener», e inició obras hace unos días sin un consenso institucional, financiado por magnates ligados a su campaña política.
