Los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos sostienen conversaciones orientadas a evaluar el levantamiento de las sanciones impuestas contra Caracas, una medida dirigida a facilitar el flujo de ayuda multilateral hacia la nación suramericana tras el doble terremoto registrado el pasado mes de junio.
La información fue confirmada por Michelle Muschett, directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, durante una entrevista concedida en Bogotá luego de realizar una visita de supervisión sobre el terreno golpeado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, los cuales dejaron un saldo superior a los 6.500 fallecidos.
Respecto al desarrollo de estos acercamientos, la alta funcionaria de la ONU explicó que se comprende la existencia de contactos diplomáticos en curso, añadiendo que corresponderá a las autoridades gubernamentales precisar los detalles de cómo se generarán las condiciones requeridas para que los fondos destinados a financiar la reconstrucción puedan ingresar formalmente al territorio venezolano.
La vocera internacional enfatizó la dimensión humanitaria que rodea este proceso de negociación al puntualizar que lo de fondo va mucho más allá de las dinámicas políticas o geopolíticas, pues el foco central abarca personas, vidas humanas y la posibilidad de construir un futuro, elemento que debe prevalecer como la prioridad esencial en la coyuntura actual. En ese sentido, admitió de forma directa que el esquema de sanciones afecta de manera absoluta la recepción de la asistencia internacional, al tiempo que confirmó que el alcance de las medidas de Washington constituyó uno de los puntos centrales abordados con los representantes locales.
Asimismo, la representante del PNUD subrayó la necesidad apremiante que enfrenta el país para acceder a respaldo financiero y técnico proveniente de la comunidad internacional y de entes multilaterales, argumentando que frente a un desastre de semejante envergadura, la nación requeriría lapsos proyectados en años para completar su recuperación recurriendo únicamente a sus propios recursos. En esta misma línea, posturas previas como las del subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, coincidieron en que los mecanismos de sanción deberían flexibilizarse con el fin de evitar obstáculos en la logística humanitaria, resaltando la relevancia de establecer excepciones efectivas para que ningún insumo o requerimiento del plan de apoyo quede condicionado.
Evaluación de daños y planes de recuperación económica
Durante su permanencia en la capital venezolana, Muschett encabezó la presentación de la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre, un informe técnico desarrollado por el organismo que calcula en 21.000 millones de dólares el monto total indispensable para encarar la reconstrucción nacional. De esa cifra global, aproximadamente el 70 por ciento responde a los destrozos reportados en el sector de la infraestructura residencial. Sobre este diagnóstico, la funcionaria expresó su expectativa de que la información recopilada funcione como un insumo técnico útil dentro del marco de las negociaciones bilaterales.
A tres meses de la contingencia, el panorama en las zonas siniestradas mantiene un alto grado de complejidad debido a la extensión de los estragos, manteniéndose activas las labores de remoción de escombros como fase crítica previa a las edificaciones. El diagnóstico oficial documenta impactos directos en el parque habitacional, interrupción prolongada de los servicios básicos, pérdida de medios de subsistencia e ingresos familiares, además de movilizaciones de personas hacia refugios temporales o casas de allegados.
Frente a este escenario, los equipos del organismo multinacional apoyan a especialistas locales mediante el despliegue de drones y herramientas tecnológicas para la inspección de infraestructuras. El objetivo de este procedimiento técnico consiste en clasificar el nivel de afectación de las viviendas para determinar cuáles estructuras resultan aptas para rehabilitación y cuáles exigen demolición inmediata ante posibles colapsos. Por su parte, la administración venezolana avanza en el diseño de un marco de recuperación enfocado en la resiliencia, fijando las directrices operativas y cuantificando las necesidades financieras requeridas para la ejecución de las obras.
