Amnistía Internacional (AI) instó este martes a que la ley de amnistía propuesta el viernes por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para los presos políticos detenidos desde 1999 no se convierta en un «mecanismo de impunidad».
En un comunicado de prensa, la organización dijo que aún «no está claro si la ley de amnistía podría extenderse a los agentes del Estado, lo que la convertiría en un mecanismo de impunidad, un resultado que -aseguró- no debe permitirse».
Rodríguez, cuyo Gobierno ha excarcelado a cientos de presos políticos en el último mes, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, planteó una ley de amnistía para «reparar las heridas» que ha dejado la confrontación política en el país, una medida que beneficiará a los casos desde 1999, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.
Sin embargo, según AI, la ley «por sí sola es claramente insuficiente si no existen garantías de no repetición, como la derogación de leyes y el desmantelamiento de los organismos estatales que han permitido detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos».
«Amnistía Internacional ha observado en el pasado cómo las autoridades liberan a personas detenidas como gesto de buena voluntad, solo para llevar a cabo nuevas oleadas de detenciones poco tiempo después», señaló.
El viernes, la presidenta encargada también pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de «torturas» por ONG y opositores, en un espacio social y deportivo.
Al respecto, AI expresó que si bien todos «estos anuncios son bienvenidos», el cierre de El Helicoide es «totalmente insuficiente para poner fin a los graves crímenes cometidos allí».
Indicó que las ONG locales han documentado detenciones arbitrarias por motivos políticos en decenas de otros centros del país, y existe evidencia de «centros de detención clandestinos que operan fuera de todo marco legal».
La secretaria general de AI, Agnès Callamard, exigió liberar «inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, sin excepción, poner fin a las desapariciones forzadas y la tortura de inmediato, y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica».
«Medidas que no alcancen estos cambios perpetúan nuevos ciclos de violaciones, afianzan la impunidad y niegan a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación», dijo Callamard, citada en la nota.
