La junta directiva del parlamento nacional anunció el inicio de un proceso de investigación formal para determinar las responsabilidades y sanciones aplicables tras la presunta comisión de faltas por parte de un diputado en el ejercicio de la diplomacia interparlamentaria.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, las acciones del legislador habrían vulnerado el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates, el cual exige a los parlamentarios actuar con estricto apego a la Constitución y a los intereses de la República. Asimismo, la directiva calificó como más grave la presunta infracción del artículo 318 de la Constitución, que establece de manera textual:
«La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar» y que el «Banco Central de Venezuela es el ente público que, de manera exclusiva y obligatoria, ejercerá las políticas monetarias».
Ante estos señalamientos, la instancia legislativa advirtió que no se permitirá que se utilicen los espacios de los grupos de amistad interparlamentaria para intentar socavar las bases constitucionales y legales del Estado, por lo que el caso continuará su curso conforme a la normativa interna de funcionamiento.
