La exfiscal general realizó también gestiones con la Corte Penal Internacional, “a la que aportó pruebas documentales” de la “violación sistemática” de los derechos humanos

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el gobierno de Nicolás Maduro y destituida en 2017, solicitó protección internacional al gobierno de España.

Ortega Díaz señala, en un comunicado remitido a la Agencia Efe, que el pasado 13 de octubre realizó los trámites de solicitud de asilo político en España, asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver.

Una de las voces más críticas con el actual gobierno venezolano, Ortega Díaz se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido “actos inmorales”.

Su destitución fue, según consideró ella entonces, “un paso más del gobierno de Nicolás Maduro hacia el establecimiento de una dictadura”.

Dos años después, la exfiscal general se posicionó a favor del opositor Juan Guaidó y pidió apoyo para él.

Guaidó fue reconocido en 2019 presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos España.

Luisa Ortega Díaz, quien sostiene que sigue siendo la legítima fiscal general de Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre, manifestó en 2017 que en su país “se produjo la ruptura del orden constitucional, debido a que el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes en el país”.

Tras sus declaraciones, añade el comunicado, “las fuerzas militares asaltaron” las instalaciones de la Fiscalía, que fue “atacada con turbas violentas vinculadas al oficialismo” chavista.

Esta acciones -explica el documento- provocaron “represalias” contra de ella y su familia, “sometiéndola a persecución y a amenazas contra su libertad y su integridad física”.

“Obligada por la persecución y las amenazas”, se refugió en Colombia, donde las autoridades le dieron protección internacional, le otorgaron la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018 y le proporcionaron una medida especial de protección como “perseguida política del régimen venezolano”.