La Fiscalía de la CPI publicó la semana pasada un informe, con fecha 15 de junio -día en que terminó su labor la entonces fiscal Fatou Bensouda- y con nota de «documento clasificado» hasta el 10 de agosto, que concluye que «hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela»
El opositor venezolano Julio Borges aseguró este martes que las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos en el país demandan celeridad a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidió que no caigan en una «maniobra dilatoria».
«Las víctimas del régimen de Maduro demandan celeridad de la CPI, ya que esta es la única instancia a la que pueden acudir para lograr justicia, verdad y reparación. Nosotros sabemos lo que han sufrido las víctimas, sus familiares», indicó Borges en un comunicado.
El opositor, un estrecho colaborador de Juan Guaidó, dijo que el último informe de la CPI sobre la investigación contra Venezuela, «deja claro que en el país se han cometido crímenes de competencia de la corte, así como la complicidad del sistema de justicia».
«El último informe de la fiscalía de la CPI pone en evidencia la justicia cómplice que hay en Venezuela, la falta de separación de poderes e institucionalidad democrática», expresó.
Asimismo, señaló que el hecho de que la CPI haya dicho que hay una «base sólida» para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de su competencia, es un hecho «inédito» y que el «anuncio de una investigación es cuestión de días».
La Fiscalía de la CPI publicó la semana pasada un informe, con fecha 15 de junio -día en que terminó su labor la entonces fiscal Fatou Bensouda- y con nota de «documento clasificado» hasta el 10 de agosto, que concluye que «hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela».
No obstante, recuerda que será el nuevo fiscal, Karim Khan, el que tomará la decisión definitiva acerca del caso.
En el documento, Bensouda considera que, de acuerdo a la información de la que dispone, tiene «una base razonable» para creer que desde abril de 2017 «autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos progobierno han cometido crímenes de lesa humanidad».
Entre ellos, está el encarcelamiento «u otros tipos de severa privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional», la tortura y la «violación u otras formas de violación sexual», así como persecución por motivos políticos.