El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció este lunes el traslado de emergencia de un preso político desde una cárcel en el norte del país a un hospital público, debido, según advierte, a un «cuadro severo de neumonía bilateral» y «aún no se descarta una posible tuberculosis».
En su cuenta de X, VV detalló que Juan Iriarte fue trasladado el pasado 18 de diciembre y alertó que el opositor tiene como antecedentes médicos una operación del corazón y «el esternón abierto», por lo que -subrayó- estas complicaciones «podrían poner en riesgo su vida».
«Esta situación ilustra la realidad de otras decenas de presos políticos que requieren atención médica urgente», aseguró el Comité, que exigió «acciones firmes y contundentes» para detener esta situación que calificó de «barbarie».
VV recordó que Iriarte fue detenido en junio de 2024 tras acompañar en una actividad al líder opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado y a quien la oposición da como ganador de las presidenciales de ese año.
El arresto del opositor se produjo en el contexto de la crisis posterior a los comicios tras la denuncia de fraude de la oposición en el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro, quien fue proclamado vencedor de las presidenciales de 2024 por el ente electoral sin que se conozcan los resultados detallados de la contienda.
Iriarte, indicó el Comité, se encontraba recluido en el penitenciario Yare II, en el estado Miranda, al momento de su traslado.
El pasado jueves, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó que 91 presos políticos en Venezuela padecen «enfermedades graves» y denunció que el «deterioro físico progresivo» de estos detenidos es producto de una «forma de violencia estructural».
Por su parte, la ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 902 presos políticos, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido el pasado sábado, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.
Sin embargo, tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
