El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este domingo que seis periodistas y trabajadores del sector «siguen judicializados» en el país.
En una publicación en la red social X, la organización exigió que haya libertad plena para Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González, Carlos Correa y para Rory Branker.
Además, hay «decenas que permanecen en el exilio, algunos de ellos bajo amenaza», según el sindicato, que pidió «condiciones para un retorno seguro» de estos periodistas a su país.
Hace un mes, el SNTP planteó una decena de condiciones, entre ellas la libertad plena para quienes consideró han sido «perseguidos por expresarse», para que el diálogo promovido por Estados Unidos entre el Gobierno venezolano y la oposición logre una «transición y una democracia real» en el país suramericano.
Ese 6 de agosto comenzó el primer ciclo de las negociaciones que finalizó el día 12 con un acuerdo para la renovación completa del Tribunal Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y otro para la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra con el fin de atender a víctimas de los terremotos de junio.
Se espera que la libertad de expresión esté entre los temas del próximo ciclo del diálogo, previsto para la segunda mitad de septiembre, según dijo recientemente a EFE el equipo de prensa de la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.
El SNTP también pidió hace un mes el «fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos», lo que incluye el cese de la revisión de teléfonos, el «ciberpatrullaje y el uso de información privada para perseguir opiniones o armar expedientes políticos».
Asimismo, exigió el «cese de la estigmatización y de las represalias por razones editoriales» y el desbloqueo de medios, plataformas y herramientas digitales.
Entre las condiciones, también está la transparencia y acceso efectivo a la información pública, así como el acceso igualitario a medios y espacios de comunicación, y la restitución y sostenibilidad del ecosistema mediático.
El sindicato abogó también por una reforma a las leyes e instituciones utilizadas para «restringir la expresión», por la transformación de los medios estatales en un servicio público plural y por la protección efectiva para periodistas y trabajadores de la prensa.
