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martes, 16 abril, 2024
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Sara Fernández, de Cepaz: Hay que tomar medidas para que la cuarentena no siga exponiendo a las mujeres a la violencia

Texto: Vanessa Davies

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«El femicidio es el acto de violencia extrema contra la mujer precedido por un ciclo de violencia con violencia física, psicológica, amenaza, acoso y otros tipos de delito», advierte la abogada y oficial de incidencia de Cepaz. En la mayoría de los casos los femicidas de las migrantes venezolanas también son venezolanos

¿Hay una epidemia de femicidios en Venezuela que avanza con el coronavirus? Sara Fernández, abogada y oficial de incidencia de Cepaz, habla «de una doble pandemia: una pandemia de COVID-19, pero también, de violencia contra la mujer, que está arrasando de manera estructural dentro del país. Tenemos no solamente la pandemia de la COVID-19, sino también una pandemia en la que hay que trabajar: la violencia contra la mujer».

Fernández, en entrevista por zoom para contrapunto.com, sostiene que la violencia es un problema estructural que necesita soluciones estructurales.

-¿A qué se debe? ¿Qué cosas sucedieron con la cuarentena? ¿O esto estaba ocurriendo y no se visibilizaba?

-No es sorprendente que hoy día tengamos los números de femicidios que estamos manejando. En lo que va de año, del 1 al 31 de enero, contamos 18 femicidios en el país. La situación tiende a empeorar, por lo que hemos visto en febrero. Eso no nos sorprende. Quienes hemos trabajado el tema en los últimos años hemos venido denunciando que no existe una política pública, por parte del Estado, para enfrentar la violencia contra la mujer. Primero, porque no tenemos un registro oficial de femicidios; desde 2016 no contamos con cifras oficiales, y se requiere un registro oficial de femicidios para medir la magnitud del problema. En segundo lugar, porque no contamos con una política que tenga medidas preventivas y medidas de protección que permitan bajar los niveles de violencia contra la mujer. Además la cuarentena impacta de forma diferenciada a las mujeres víctimas de violencia, y por eso es importante que las medidas para disminuir los casos de COVID-19 se tomen con un enfoque de género y preguntando cómo están impactando a las mujeres. Vemos que medidas como el aislamiento tienden a empeorar los femicidios y la violencia contra las mujeres. Por eso no nos sorprenden estos números, que son alarmantes.

-Es algo que ya estaba ocurriendo y que la cuarentena visibilizó, por una parte, y multiplicó, por otra.

-El año pasado desde el observatorio de Cepaz reportamos 212 femicidios consumados en Venezuela. Ya veníamos reportando desde años anteriores que existe un problema estructural de violencia contra la mujer en el país. Lo vemos reflejado en los femicidios, pero el femicidio es el acto de violencia extrema contra la mujer precedido por un ciclo de violencia con violencia física, psicológica, amenaza, acoso y otros tipos de delito. El femicidio es la cara más violenta; antes existen muchos otros actos de violencia contra la mujer sobre los cuales hemos llamado la atención.

-Buena parte de los femicidios han ocurrido en el hogar. ¿Por qué en el hogar?

-En el monitoreo de femicidios nosotros ponemos el enfoque en los fenómenos asociados: dónde ocurren, cómo ocurren, cuál es el perfil del agresor y el perfil de la víctima, porque esto nos va a permitir generar insumos para una política pública. La mayoría de los casos ocurren en el hogar de la víctima o en el hogar que comparte con el agresor. En enero 83,3% de los casos ocurrieron en la casa de la víctima o en la casa del agresor. Esto se relaciona con el vínculo relacional entre la víctima y el agresor. En la mayoría de los casos estamos hablando de que existe una relación entre ambos. En 50% de los casos analizados la víctima había tenido una relación sentimental, por matrimonio o unión de hecho, en la que convivía con el agresor. Tenemos que en 27,8% de los casos el agresor es un miembro de la familia: un padre, un tío, un hermano. Esto nos habla de que en la gran mayoría de los casos existe un vínculo entre la víctima y el agresor. El lugar donde ocurrieron los hechos es el ámbito privado; el lugar donde la mujer debería estar más resguardada es el que termina exponiéndola a este tipo de violencia.

-¿Esto forma parte de una forma de relación de los hombres con las mujeres?

-Es un nivel de violencia bastante alto. Es muy importante que analicemos las dinámicas sociales que tenemos en el país. Es un mal que atañe a muchos países de Latinoamérica, que vivimos en una sociedad patriarcal en la que existe una relación desigual entre mujer y hombre dentro de la pareja, y donde muchas veces existen prácticas estereotipadas, estereotipos de género que son sumamente dañinos para la dinámica de la mujer y también una tendencia a objetivizar, cosificar tratar a la mujer en términos de posesión, en términos de una relación de poder. Esto se ve exacerbado cuando no existen las políticas públicas adecuadas para eliminar esos estereotipos y esas dinámicas nocivas para la mujer dentro de las relaciones familiares y afectivas.

-¿Qué sucede con las venezolanas migrantes?

-En todos los monitoreos de femicidios incluimos un capítulo especial para las migrantes que han tenido que salir del país por la situación de crisis política y humanitaria. El año pasado reportamos que hubo 56 mujeres venezolanas asesinadas en el exterior, y este año, nada más en enero, van 10 venezolanas asesinadas en el exterior. Esto nos deja ver una tendencia: 2021 va a presentar mayores números de venezolanas víctimas de femicidios en el exterior que los que vimos el año pasado. La mayoría (60%) este año ocurrieron en Colombia, seguidos por Perú (20%). Existen otras circunstancias que hacen a la venezolana vulnerable a la violencia.

-¿Quiénes son los femicidas de las migrantes?

-En la mayoría de los casos el agresor también es venezolano. Podemos ver como factores de riesgo que, cuando la mujer llega al país receptor, no cuenta con el entorno social y familiar con el que contaba en su hogar, sino que se encuentra totalmente aislada, muchas veces con su pareja, que termina siendo el agresor. Otro punto es que tienen menos motivación de denunciar porque no conocen el sistema judicial del país donde llegan, tienen estatus migratorio irregular que actúa como desmotivación para que puedan denunciar; saben que no van a existir consecuencias por hacer esta denuncia. Esto las hace vulnerables a ser víctimas de violencia contra la mujer y las lleva a no denunciar los hechos, lo que hace que la situación empeore y pueda terminar en un femicidio.

-Tienen los factores que observamos en nuestro país y el estar allá en estas condiciones.

-Por eso es importante solicitar a los países de acogida de los migrantes venezolanos que tengan una política migratoria con enfoque de género, entendiendo cómo los grupos de mujeres migrantes son vulnerables de manera distinta y tienen un impacto diferenciado al resto de los migrantes, para poder tener incidencia en bajar los niveles de violencia contra estos grupos de mujeres.

-¿Qué debería incorporarse al estatuto en Colombia? ¿Qué debería ocurrir en Perú?

-No solamente tratamos el tema de las mujeres que están en Colombia, sino las que están en el tránsito migratorio. Esto incluye el paso de la frontera, las mujeres que transitan a través del país para llegar a otro país de acogida. En este sentido es importante trabajar con una política en el cierre de la frontera. La frontera está cerrada desde el año pasado y vemos que la situación es deplorable porque no existe una acción positiva por parte de los estados en los dos lados de la frontera para entender que las mujeres que transitan por la frontera son vulnerables a ser víctimas de captación por parte de bandas criminales para explotación sexual, trata de personas. Se requiere de una acción positiva por parte del Estado para proteger a estos grupos de migrantes. Esto ha empeorado porque, por el mismo cierre de la frontera, muchas veces tienen que pagarle a alguien para pasar la frontera, o tienen que transitar por lugares no regulares (trochas), y todo esto las hace más vulnerables a estas redes de trata y grupos criminales. El otro punto, sobre Perú, es la regularización del estatus migratorio y comprender que el migrante venezolano es un migrante forzado. Es un migrante que no migra por voluntad propia sino por las condiciones críticas que se viven en el país, y esto implica el refugio en los casos en que aplique, pero incluso en los que no aplique, el reconocimiento de una protección internacional para este grupo de migrantes.

-¿A qué instancia corresponde esta visión con enfoque de género para las migrantes venezolanas?

-Le corresponde al Estado receptor. El alto comisionado de Naciones Unidas puede dar su opinión, como lo ha hecho: ha dicho que los venezolanos necesitan una protección internacional; pero a la hora de la verdad es el Estado el que debe tomar las acciones positivas necesarias para asegurarse de que los migrantes venezolanos, especialmente las mujeres, no se encuentren en un estado de vulnerabilidad en el país. Recordemos que los estados latinoamericanos tienen la obligación de cumplir con parámetros tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos como de la Convención Belem do Pará para asegurarse de que no existan acciones que atenten contra la integridad física y psicológica de la mujer dentro de su territorio.

-Volvemos al ámbito nacional. ¿Hay que levantar la cuarentena para frenar los femicidios?

-La lógica no sería necesariamente levantar la cuarentena, porque entendemos que hay medidas necesarias para atacar la pandemia, pero sí, entender que la cuarentena impacta a la mujer de una forma diferente y, por lo tanto, tomar las acciones positivas para que no se dé ese impacto, para equilibrar la situación.

-¿Cuáles son las acciones positivas?

-No hay que inventar nada nuevo. En el geoportal COVID-19 que montó la Cepal, al que se puede acceder en línea, se toma data de todos los países latinoamericanos para ver cuáles medidas se han tomado en el tema de violencia contra la mujer en el marco de la COVID, y vemos que Venezuela solamente ha tomado una medida: La existencia de una línea telefónica, mientras que países como Colombia y Argentina han tomado nueve medidas solamente para atacar la violencia contra la mujer. Entre esas medidas tenemos la difusión de una línea especial para acceder en cualquier momento a órganos estatales para denunciar hechos de violencia contra la mujer; la creación de más casas de abrigo que sirvan de refugio para las mujeres que se encuentran en cuarentena con su agresor y quieran salir del ámbito familiar. En Colombia se creó una alianza con supermercados y farmacias para que la mujer pueda denunciar hechos de violencia. En Argentina se estableció que si una mujer salía durante la restricción de la cuarentena porque estaba sufriendo hechos de violencia esto era una excepción a la cuarentena; los funcionarios que trabajan en violencia contra la mujer se consideran como trabajadores de necesidad extrema y pueden continuar realizando sus labores. No hay que inventar nada. Las políticas existen. Podemos tomar buenos ejemplos de otros países de la región, no para que no exista la cuarentena, sino para asegurarnos de que no esté impactando de forma desproporcionada a las mujeres.

-¿Cómo paramos los femicicios, como sociedad?

-Entendiendo que los femicidios son la consecuencia de un problema mucho mayor, de un problema estructural de violencia contra la mujer. La solución también debe ser estructural, multidimensional, que tome en cuenta no solamente lo más básico, que es el registro de femicidios con categorías de edades, cómo ocurrió, dónde ocurrió, el perfil del agresor. Todo esto va a permitir generar data para hacer una política pública que realmente funcione. Otros temas: medidas preventivas, medidas no solo de atención a la víctima sino también educación de los órganos policiales, de los funcionarios relacionados con el tema para evitar la utilización de estereotipos de género por parte de autoridades que muchas veces incrementan el problema; y, por supuesto, acceso a la justicia, no solamente con la existencia de tribunales sino con el manejo y la debida diligencia de las denuncias, la instauración de medidas de protección y el acompañamiento que debe tener la víctima que denuncia violencia contra la mujer para asegurarnos de que no ocurran hechos como los femicidios.

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