Human Rights Watch cree que ley de amnistía en Venezuela tiene «graves deficiencias»

La organización sostuvo que las autoridades venezolanas deben garantizar que la ley se aplique de manera transparente y en toda su extensión, y "deben explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios" | EFE

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La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela se caracteriza por «graves deficiencias» e instó a las autoridades del país a garantizar la «liberación incondicional» de todas aquellas personas detenidas o procesadas arbitrariamente.

«La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos», dijo la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en el nuevo informe de la ONG ‘ Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía’.

A su juicio, la aplicación «injusta y opaca» de la legislación, promulgada en febrero pasado, ha «socavado aún más la liberación de los presos políticos».

HRW sostuvo que las autoridades venezolanas deben garantizar que la ley se aplique de manera transparente y en toda su extensión, y «deben explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios».

«Aunque la ley afirma abarcar actos cometidos desde 1999, limita la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos ‘en el contexto’ de eventos específicos ocurridos en ciertos años», añade la ONG.

También, prosiguió, incluye disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas que han sido procesadas por actos protegidos por el derechos internacional de los derechos humanos.

Entre las deficiencias, HRW incluye que algunas personas que solicitan la amnistía no han sido debidamente informadas sobre los cargos que se les imputan ni sobre las pruebas presentadas en su contra, «lo que hace difícil argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad de la ley, que ya de por sí son restrictivos».

En otros casos, señala la ONG, los jueces tampoco han fundamentado y motivado debidamente sus decisiones de denegar la amnistía y, dijo, han restringido el acceso a los expedientes de los casos y a la representación de abogados particulares.

El sábado, la presidenta Delcy Rodríguez, aseguró tener información sobre jueces que han cobrado en el proceso de amnistía que comenzó en febrero pasado y exigió actuar contra ellos.

Familiares de presos políticos habían denunciado el pasado marzo cobros en dólares en unos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la ley de amnistía.

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