La presidenta de Control Ciudadano propone que el mandatario Nicolás Maduro designe una comisión de mediación que podría incluir al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH, la Cruz Roja y la Conferencia Episcopal
Este martes 10 de enero el teniente coronel Igbert Marín Chaparro cumple 50 días en huelga de hambre en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. El 5 de mayo de 1981 el republicano irlandés Bobby Sands moría después de una huelga de hambre de 66 días en una prisión en Irlanda del Norte, ante la decisión de la primera ministra, Margaret Tatcher, de no ceder a sus reclamos.
Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, ha advertido que Marín Chaparro puede fallecer si sus reclamos no son atendidos. Entre otros, que se concrete su traslado a la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques.
«Es muy difícil precisar su estado de salud porque la última comunicación de sus familiares con el teniente coronel Marín Chaparro se realizó el 1 de enero de este año. Es una comunicación que se establece cada 15 días, de manera muy breve. En este último puente él pidió que oraran por él, le pidió la bendición a su padre y poco más pudieron saber», detalló San Miguel a contrapunto.com.
Como lo certificó, «la información es que continúa la huelga de hambre; hoy (ayer) sería el día 49 de esta huelga de hambre. No sabemos qué esquema podría estarse dando; obviamente debe tener suministro de líquidos, pero no sabemos qué tipo de sólidos podría estar recibiendo. Sin duda que su integridad personal está en riesgo, porque se trata de un oficial definido como inquebrantable y este tipo de oficiales, sin duda alguna, tienen la capacidad de persistir en sus demandas».
Las exigencias de Marín Chaparro se podrían resumir en dos, explicó San Miguel: «Que cesen las torturas por parte de la Dgcim con todos los detenidos que allí se encuentran, y que se efectúe su traslado, como fue acordado en su oportunidad por un tribunal, a Ramo Verde».
Para la presidenta de Control Ciudadano el caso del teniente coronel «es emblemático en las violaciones de derechos humanos» porque «se reúnen muchos de los vicios y muchas de las violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas en el sistema penal de justicia militar». Cita, entre otros, «los procedimientos indebidos, la falta del debido proceso, detenciones arbitrarias», porque Marín Chaparro fue llamado a declarar voluntariamente y lo dejaron detenido, «y posteriormente se elaboran las órdenes de detención, lo que es completamente ilegal». Tampoco lo trasladaron a Ramo Verde, el centro de detención que acordó el tribunal militar, «y ha sido objeto de presuntas torturas por parte de la Dgcim, según han denunciado él mismo y sus familiares».
Los familiares esperan que un fiscal acuda a la Dgcim, y que también lo haga el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. «En este tipo de encuentros lo que se busca es mediar: mediar con la persona que persiste en la huelga y tratar de llegar a acuerdos mínimos. En un país donde se está hablando de diálogo y negociación creo que se deberían mirar estos casos, porque estos casos son de importante atención», razonó. «Creo, además, que los venezolanos debemos ser firmes en esto: si tanta atención se presta a favorecer los diálogos y la paz en Colombia, por ejemplo, como ha sido el compromiso del presidente Maduro con Colombia y ha ocurrido este fin de semana una reunión importante entre Petro y Maduro y Maduro se ha convertido en garante de los diálogos con el ELN, ¿por qué no damos un espacio de diálogo para mirar estos casos tan graves de derechos humanos? Graves porque la vida de este muchacho se puede perder».
Sus allegados también han buscado apoyo de gobiernos internacionales como garantes. «Sabemos que la Oficina de la Alta Comisionada, en el pasado, en una huelga que se verificó en 2021, intervino. Pero no hay nada concreto. Los días siguen transcurriendo y este muchacho sigue en huelga de hambre».
-¿De quién depende el traslado? ¿De quién depende que se detenga la huelga de hambre?
-Del general Hernández Dala. Él es la máxima autoridad de la Dirección de Contrainteligencia Militar; es el director de la Dgcim y, además, es el director de la Casa Militar. Tiene el poder suficiente para levantar un teléfono y dar la orden, y dar la orden para que se permita una negociación con un garante que puede ser el Ministerio Público, puede ser el Defensor del Pueblo, puede ser la Conferencia Episcopal. La familia también está intentando que haya mediación de la Conferencia Episcopal y estoy segura de que un traslado a Ramo Verde podría suspender la huelga de inmediato que está llevando adelanto el teniente coronel.
-¿El mandatario Nicolás Maduro podría hacer algo también para escuchar a Igbert Marín Chaparro?
-Por supuesto. Cuando hablo de Hernández Dala no hay que dejar de lado la cadena de mando. El presidente de la República tiene la más importante voz en este tipo de situaciones. Este es un hecho público y comunicacional la situación de la huelga de hambre de Igbert Marín Chaparro. El llamado, por supuesto, es al presidente de la República: Tiene en sus manos designar una comisión de intermediación, de diálogo para que este joven cese su huelga de hambre. Cuando hablo del cese de la huelga de hambre no hablo de medidas coercitivas de ninguna manera, porque este muchacho va a persistir en sus demandas. Está en manos de Maduro a través de una orden, de una simple orden, que cesen las torturas dentro de la Dgcim.
-¿Quién podría integrar esa comisión de mediación?
-Creo que puede participar el Ministerio Público, es una pieza clave que en su momento ha intervenido; allí ha estado la fiscalía nacional 94 interviniendo. Pero recomendaría que estuviese un garante internacional, porque eso le da firmeza y solidez a los compromisos. Para muestra, un botón: el gobierno venezolano está sirviendo de garante para los procesos de paz en Colombia, y también aquí se trata de un asunto en el que no confían las partes. Puede actuar perfectamente la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH, que tiene oficina permanente en Caracas. En el pasado ayudó a suspender la huelga de hambre que hizo Marín Chaparro. Podría ser también el Comité Internacional de la Cruz Roja, con oficina en Caracas. En el pasado, cuando los golpistas de 1992 estuvieron detenidos, ellos sirvieron como garantes e intermediarios en muchas de las situaciones frente al propio Hugo Rafael Chávez Frías y Diosdado cabello cuando cumplían prisión en el Cuartel San Carlos. Son modalidades que sirven para dar garantías de que se ejecuta un mínimo de diálogo y negociación que garantice la vida y la integridad de este joven militar venezolano.
-¿Puede hacer algo el presidente Petro?
-Tenemos que ser pragmáticos. Todos podemos hacer algo. Pero el pragmatismo nos lleva a pensar que Petro está muy enfocado en sus propios intereses y cuando hacemos un balance de los resultados de las dos reuniones que ha tenido en Venezuela todos los beneficios están orientados hacia el proceso de paz en Colombia. No veo a Petro interesado en buscar. Sin embargo, dejemos abierta la posibilidad. Recuerdo que los familiares hablaron de la posibilidad de que el embajador Armando Benedetti fuese garante; ojalá tuviese sensibilidad frente a este hecho y pudiera ofrecerse como garante en un mínimo de diálogo que se realice entre las autoridades de la Dgcim, los abogados de Marín Chaparro o sus familiares y un garante internacional para que se pueda suspender la huelga y se garanticen las peticiones que está llevando este militar.
