Se han reportado nueve presos en mes y medio, como lo recuerda el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres
Más de 300 presos políticos hay en Venezuela, de acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Y ese número aumentó en semanas recientes, como lo denuncian organizaciones de derechos humanos. En el contexto del recrudecimiento de las protestas laborales y sociales fueron detenidas nueve personas, reportó el abogado Eduardo Torres, integrante de la Coalición Sindical Nacional.
Ya manifestaron en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hace un par de semanas, al grito de «liberen a los luchadores».
Y el pasado miércoles 24 de agosto los familiares de estos nuevos presos políticos acudieron al Ministerio Público para solicitar la actuación del fiscal Tarek William Saab.
No es la primera vez que lo hacen. Ya habían solicitado una audiencia com Saab, en julio pasado, «una vez que comenzó la razzia represiva», recordó Torres. En ese momento había seis detenidos por luchar «por los derechos humanos laborales, por reivindicaciones de los trabajadores, y defender derechos no es delito». Ese número creció con la aprehensión de tres personas más: dos activistas sociales del estado Táchira y un dirigente sindical del oriente del país.
El abogado sostiene que son presos políticos porque los han encarcelado «por pensar diferente, y más que por pensar diferente, por defender los derechos de los trabajadores en un momento en el que el gobierno está desconociendo las contrataciones colectivas, impuso el memorándum 2792, el instructivo de la Onapre. Estamos hablando de 40% a 70% del salario».
Diannet Blanco es la esposa del preso político Gabriel Blanco, apresado en su residencia por funcionarios de la Dgcim que se presentaron en el lugar sin orden judicial. Blanco entregó una carta en el Ministerio Público en la que solicita que su esposo y todos los presos políticos sean liberados.
Hasta la fecha no han logrado que los reciba Saab directamente. Sin embargo, del despacho del fiscal los llamaron para pedir información. «Queremos que se detenga la arbitrariedad; darle un parao a la injusticia. Los organismos internacionales de derechos humanos han establecido que, aunque el Código Orgánico Procesal Penal establece que a los 45 días de la detención debe darse la audiencia preliminar, en Venezuela pasan 180 días. No se respeta el Código, la ley ni la Constitución». Sacar una mesa y una silla, como lo ha hecho Saab, no resuelve el problema de la justicia en Venezuela, explicó Torres.
En los nueve casos se ha violentado «la presunción de inocencia, el debido proceso», reiteró Torres. «Los acusan de conspiración, pero en cualquier gobierno, cuando se acusa de conspiración, se presentan las pruebas» y en este caso no ha ocurrido. «Ha sido tan malo este proceso que ni siquiera se ha dicho de cuál conspiración se los está acusando».
Los nueve están detenidos en centros de reclusión de la PNB. Aunque los visitó la Defensoría del Pueblo, Torres subraya que «no es una visita lo que necesitamos» porque «necesitamos un Defensor del Pueblo que use lo que está en la Constitución, lo que está en la ley de la Defensoría del Pueblo para defender a la gente. No nos sirve que siga callado, y que visite o mande funcionarios. Lo agradecemos, pero el defensor no es para trabajar de incógnita, sino para que hablen cuando hay un atropello».
Es por situaciones como esta que las organizaciones de derechos humanos han insistido en la extensión del mandato de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
