Representantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) mantuvieron un encuentro con la doctora Dinorah Figuera y su equipo de trabajo durante la reanudación de la «Comisión de Diálogo para la Transición Democrática». En esta reunión se presentaron una serie de exigencias institucionales enfocadas en la restitución de la estabilidad nacional y el rescate del Estado de derecho en el país.
Entre las prioridades institucionales planteadas destaca la urgente separación de poderes. De acuerdo con el pronunciamiento emitido, el Poder Judicial y el Poder Electoral deben ser las primeras instancias en reconstruirse, tras haber permanecido bajo la subordinación del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno. En ese sentido, se advirtió que cualquier reforma a la administración de justicia presupone un compromiso auténtico con los principios constitucionales.
Asimismo, la organización planteó medidas concretas que deben ejecutarse en paralelo a la anunciada designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Específicamente, se exigió «la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos y el cese inmediato de los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos», además de desmontar el andamiaje legal que criminaliza el ejercicio del espacio cívico.
Ruta electoral y garantías sociales
En la dimensión electoral, se insistió en la necesidad de estructurar un cronograma claro con la participación activa de la sociedad civil. Esta vía institucional busca la designación de un nuevo Poder Electoral que garantice la celebración de comicios generales, los cuales deben incluir «la elección de un nuevo presidente o presidenta de la República conforme a lo constitucionalmente establecido y en un lapso razonable».
El documento recalca que el proceso debe fundamentarse en la voluntad popular para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales. Sobre este punto, la representación defensora de derechos humanos afirmó de forma contundente que «el único camino para rescatar la democracia y garantizar los derechos humanos de los venezolanos, pasa por escuchar y respetar la voluntad ciudadana».
Por último, se instó a dar carácter prioritario a las demandas sociales en las mesas de negociación. Se advirtió que las transformaciones políticas no tendrán éxito sin saldar las deudas del Estado en materia de bienestar de la población, concluyendo que se aboga por «una democracia integral, que garantice el respeto a los Derechos Civiles y Políticos y a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como elementos esenciales para la dignidad humana».
