La Organización No Gubernamental señala que en su informe escrito, Gobierno de Maduro informó en el EPU que el “Programa CLAP comprende la entrega mensual de alimentos no perecederos, con un subsidio de más del 99% de su valor, a más de 7 millones de familias”
La falta de una información confiable obligó al Programa Mundial de Alimentos a excluir a Venezuela de su informe sobre la inseguridad alimentaria para 2022 según lo señala la Organización No Gubernamental Programa de Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).
Según el análisis de Provea «la data oficial del Estado no sirve para crear políticas públicas del Estado, ni para orientar la asistencia humanitaria, y falsea el resultado del EPU. Su data, no es pública, ni verificable y menos aún fiable. Es usada para su propaganda y decir que coopera en la ONU».
A raíz de esta decisión del Programa Mundial de Alimentos Provea pone sobre la mesa de discusión las siguientes interrogantes: «¿Cuales fueron las informaciones dadas por el Gobierno de Maduro durante el #EPUVenezuelaDDHH y que las agencias de la ONU (la FAO-WFP) especializadas en alimentación, califican de indisponibles y escasas?».
Provea señala que en el Examen Periódico Universal (EPU) el Gobierno señaló que «entre los años 2016-2021, se realizó la distribución de 7.518.861 toneladas métricas a nivel nacional. Las MCU (sanciones) generaron una disminución de hasta 88,7% en la importación de alimentos y afectaron negativamente los índices de subalimentación en el país”.
Provea señala que el informe de la FAO-WFP «fue publicado el viernes #28Ene cuando se aprobó el informe #EPUVenezuelaDDHH que incluyó 12 recomendaciones sobre derecho a la alimentación, basadas en data recibida, incluida la del Estado venezolano».
