Familiares de presos políticos protestaron este jueves ante la Fiscalía en Caracas para denunciar que el organismo está incumpliendo unos «acuerdos» a los que las partes habían llegado hace un mes para mejorar la situación carcelaria de estos detenidos que, aseguran, han sido víctimas de violaciones de derechos humanos.
«En nuestra última visita acá, a la Fiscalía, hubo acuerdos que fueron incumplidos por parte de este organismo del Estado, debido a que quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos, un dossier con las diferentes denuncias que hicimos y aún no tenemos respuesta», dijo a la prensa Hiowanka Ávila, portavoz de los familiares, frente al Ministerio Público.
Con pancartas que exigían la libertad de los presos políticos, los familiares exigieron respuestas a la Fiscalía y una solución.
«En Venezuela aún no para la violación a los derechos humanos, esto aún continúa», apuntó Ávila.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 409 presos políticos, 39 de ellos con nacionalidad extranjera.
En los últimos días, los familiares también han instado a las autoridades a cumplir con los anuncios de excarcelaciones realizados la semana pasada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y su hermana, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez. Estas medidas forman parte de una nueva tanda de liberaciones que avanza de manera paralela a las concedidas mediante la amnistía aprobada en febrero.
Los hermanos Rodríguez anunciaron que unas 500 personas iban a ser liberadas, pero las ONG y familiares aseguran que este número no se ha cumplido, algunos reportan más de 40 excarcelaciones.
Entre los liberados está un grupo de ocho militares que estuvieron detenidos por casi diez años, acusados de una presunta conspiración contra el Ejecutivo en la que también fue señalado el exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien falleció en 2021 bajo custodia del Estado.
También salieron de prisión tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a 30 años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.
Igualmente, fueron liberadas una adolescente de 16 años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2020.
Las medidas de excarcelación igualmente beneficiaron al exalcalde opositor Nervins Sarcos, quien estuvo detenido durante 16 meses, acusado, según el Gobierno, de presuntos vínculos con el «tráfico de estupefacientes» y «mafias».
