Un año después de la movilización del 9 de marzo de 2022 la Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela regresa a las puertas del IVSS a reiterar sus demandas. «Nuestros pensionados reciben 130 bolívares, que significan cinco dólares al mes y que representan 40 centavos de dólar diarios. Es pobreza extrema, es condena a muerte», subraya Edgar Silva, dirigente de la coordinadora
Hace exactamente un año los pensionados organizados en la Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela protestaron en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y entregaron una carta con varias exigencias. Fue el 9 de marzo de 2022, y esa movilización marcó un antes y un después en las luchas de los adultos mayores en Venezuela.
Este jueves 9 de marzo regresarán a las puertas del IVSS. Como lo puntualiza Edgar Silva, directivo de la coordinadora, demandan una pensión igual al costo de la canasta básica, la solicitud de pago a los pensionados en el exterior «que tienen siete años suspendidas», que se restablezca el compromiso del IVSS con la entrega de medicamentos y consultas médicas. «Vamos a conmemorar un año de esta gran movilización que se hizo el año pasado exigiéndole al gobierno que se ponga a derecho con una pensión digna y justa de acuerdo con los parámetros que establece el artículo 91 de la Constitución y el artículo 80 de la Constitución».
En un año «no hemos avanzado absolutamente nada con el gobierno nacional en las exigencias que hemos venido haciendo, especialmente desde la protesta y movilización que se hizo desde el 9 de marzo. Contabilizamos más de 44 movilizaciones en todo el país, cuando producto del desespero en que se encontraban nuestros pensionados para la fecha, salieron a las calles entusiasmados y apoyados por los familiares, gremios y sindicatos, trabajadores activos, organizaciones de la sociedad civil en general», explica.
A partir de esa fecha, rememora Silva, comenzaron las manifestaciones, «hubo un levantamiento del ánimo y la moral de los trabajadores que estaban rezagados» y sin salidas especialmente desde 2013. «Los pensionados, en esa oportunidad, tenían un año devengando un ingreso que no podemos llamar pensión, asignado autoritariamente por el gobierno, de siete bolívares para esa fecha, y con los cuales podían adquirir un cuarto de kilo de queso». El dirigente histórico de los pensionados rememora los reportes de desnutrición de adultos mayores, e incluso, fallecimientos.
«La desesperación hizo que los pensionados saliéramos a la calle, y eso obligó al gobierno a adelantar lo que tenía previsto para el mes de mayo» y anunciar un aumento en marzo equivalente a un dólar diario. «Esto mantenía en estado de pobreza a los pensionados», por debajo de la línea internacional de pobreza marcada por Naciones Unidas.
Ahora, el 9 de marzo de 2023, «nuestros pensionados reciben 130 bolívares, que significan cinco dólares al mes y que representan 40 centavos de dólar diarios. Es pobreza extrema, es condena a muerte lo que hemos venido calificando como exterminio, un delito de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma», denuncia Silva.
Un año después de esa protesta «no ha habido avance», refiere. De poco ha servido el recorrido institucional, que incluyó el pliego el 9 de marzo, una carta el 29 de marzo para alertar sobre el silencio administrativo del IVSS, otra carta en el Ministerio del Trabajo, otra carta en la Vicepresidencia de la República. En diciembre pasado les pidieron un nuevo documento, sin cambio.
«En lugar de avanzar lo que se ha hecho es retroceder», criticó. Ni siquiera en las mesas de trabajo con facilitación de la OIT «hemos podido lograr una conversación con el gobierno en relación con este tema; por el contrario, el gobierno está negado a hacer un incremento salarial».
